El acceso a la información pública alcanzó durante el primer semestre de este año su mayor nivel para un primer semestre desde la creación del Portal de Transparencia, con 167.185 solicitudes dirigidas a organismos de la Administración del Estado. De ellas, 59.659 (35,7% del total) tuvieron como destinatarios a municipalidades y otras entidades locales.
En Ñuble, la fotografía es distinta en volumen, y bastante heterogénea cuando se mira municipio por municipio. Las 21 municipalidades de la región acumulan 37.542 solicitudes en la base analizada, equivalente a cerca del 4% del total nacional considerado. El promedio regional llega a 1.788 requerimientos por municipio, frente a 2.786 en el conjunto del país: casi 36% menos.
La cifra sitúa a Ñuble en el noveno lugar entre las 16 regiones por número total de solicitudes municipales. Sin embargo, detrás de esa posición relativamente discreta aparece una distribución muy desigual de los requerimientos, con una concentración marcada en las comunas más grandes y extremos difíciles de explicar solo por el tamaño de la población.
Chillán pregunta; Quillón casi no aparece
La capital regional concentra la mayor cantidad de solicitudes. Chillán registra 5.574, cifra que la ubica en el lugar 28 entre las 341 municipalidades de la base y dentro del grupo de municipios con mayor demanda de información del país.
Le siguen Chillán Viejo, con 2.699; San Carlos, con 2.256; y Bulnes, con 2.051. En conjunto, las cuatro comunas reúnen aproximadamente un tercio de todas las solicitudes de Ñuble.
El otro extremo es Quillón, que registra solo 106 requerimientos y ocupa el puesto 323 del ranking nacional. La diferencia con Chillán supera las 50 veces.
El contraste no permite concluir que en una comuna exista necesariamente mayor o menor interés ciudadano por la transparencia. El volumen puede estar influido por factores como la población, el conocimiento de los mecanismos de acceso a la información, el uso de otros canales de comunicación con los municipios o las propias prácticas de registro. Pero sí evidencia que la utilización del derecho de acceso a la información presenta intensidades muy distintas dentro de una misma región.
Promedio regional: 25,8 días
La brecha se vuelve aún más evidente cuando se incorpora una segunda variable: cuánto demora cada municipio en responder.
Mientras el promedio regional llega a 25,8 días, San Nicolás registra 13,9 días; Pemuco y Pinto, 14,9; Ránquil, 16,1; y Coihueco, 16,3.
En el extremo opuesto está Ninhue, con 56,8 días promedio. Le siguen Yungay, con 51,4; San Carlos, con 48,3; Portezuelo, con 39,8; Cobquecura, con 35,6; y Trehuaco, con 33,7.
La diferencia entre Ninhue y San Nicolás es de casi 43 días. Dicho de otra manera, una persona que solicita información a una municipalidad de Ñuble puede encontrarse con tiempos de respuesta que varían en más de cuatro veces dependiendo de la comuna.
Alta demanda no significa necesariamente demora
Chillán aporta uno de los datos más interesantes de la radiografía. Aunque concentra la mayor cantidad de solicitudes de la región y figura entre las 30 municipalidades con más requerimientos del país, su promedio de respuesta es de 18,8 días.
La comparación cuestiona una relación que podría parecer intuitiva: que un mayor número de solicitudes necesariamente implique mayor demora. Al menos en este caso, los datos muestran lo contrario.
San Carlos ofrece otro contraste. Sus 2.256 solicitudes la convierten en el tercer municipio con mayor demanda de Ñuble, pero su promedio de respuesta alcanza 48,3 días. Ninhue, por su parte, registra 1.349 requerimientos -una cifra bastante inferior a la de Chillán-, y sin embargo, presenta el mayor tiempo promedio de respuesta de la región.
El problema, por tanto, no parece estar determinado únicamente por la cantidad de solicitudes que recibe cada municipio. La capacidad de procesarlas y responderlas presenta diferencias importantes entre comunas.
El escenario regional se inserta en un contexto nacional de creciente utilización de la Ley de Transparencia. Durante el primer semestre, 8.620 casos ingresaron al Consejo para la Transparencia, entre ellos 7.282 amparos de personas que no recibieron respuesta o la consideraron incompleta.
La presidenta del CPLT, Natalia González, ha advertido que “la transparencia dejó de ser una discusión abstracta y se transformó en una herramienta que las personas utilizan para resolver problemas concretos, fiscalizar al Estado y ejercer otros derechos”
