Chillán Viejo enfrenta nuevamente una situación que sus habitantes conocen demasiado bien. Mientras avanza en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto “Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustentable”, de Inversiones y Servicios Inser S.A., la empresa Volta-Ecobío prepara el ingreso de una iniciativa destinada a ampliar y extender la vida útil de sus actuales instalaciones sanitarias e industriales. Dos proyectos distintos, pero que convergen sobre un mismo territorio que durante décadas ha debido convivir con olores, tránsito de camiones y otras externalidades ambientales.
El proyecto de Inser contempla una capacidad para recibir cerca de 7.300 toneladas mensuales de residuos domiciliarios y una vida útil proyectada de 13 años, además de plantas de tratamiento de lixiviados y valorización de residuos. En tanto, Volta-Ecobío plantea extender la operación del actual complejo, incorporando clasificación y valorización de residuos, biodigestores, procesamiento de aceites y grasas para producir biocombustibles, aprovechamiento de residuos industriales y mejoras en el tratamiento de lixiviados y reutilización de agua.
Sobre el papel, la segunda iniciativa incorpora conceptos que son indispensables para una gestión moderna de los residuos: economía circular, recuperación de materiales, valorización y reducción progresiva de la disposición final. Es precisamente ese camino el que el país debe impulsar. Sin embargo, resulta igualmente legítimo que una comunidad que ha soportado por años una elevada concentración de actividades potencialmente contaminantes reclame que no se le siga asignando, una y otra vez, el mismo papel.
Porque Chillán Viejo no parte de cero. Sus habitantes conviven con un conjunto de instalaciones que generan externalidades y que, en determinados períodos del año, se traducen en episodios de malos olores. Coexisten un plantel porcino, los rellenos y la planta de tratamiento de aguas servidas, una realidad que también alcanza a sectores rurales y, ocasionalmente, a habitantes de Chillán.
Por eso es razonable el reclamo de quienes sienten que, con nuevos proyectos, se consolida una condición de zona de sacrificio que llevan décadas intentando evitar. No se trata de negar la necesidad de contar con infraestructura para disponer y procesar los residuos. Tampoco de desconocer que las ciudades necesitan resolver qué hacer con las toneladas de basura que generan diariamente. Se trata de preguntarse dónde, bajo qué condiciones y con qué distribución territorial se resuelve ese problema.
La respuesta no puede seguir siendo concentrar las cargas en los territorios que ya las soportan. La infraestructura sanitaria que necesita la región debe responder también a un principio de equidad territorial. Diversificar los lugares donde se emplazan estas instalaciones, considerando capacidades de carga, población cercana, conectividad, impactos acumulativos y planificación territorial, debiera formar parte de una política regional de residuos.
Y aquí existe una segunda condición ineludible. Allí donde efectivamente se autorice la recepción de residuos, esas comunidades deben ser las primeras beneficiadas por los estándares tecnológicos más altos disponibles. No basta con prometer que habrá menos olores o mejores sistemas de tratamiento. Los proyectos deben demostrarlo con tecnología, monitoreo permanente, información pública y mecanismos eficaces de control y respuesta.
Chillán Viejo tiene derecho a exigir que su capacidad de carga sea considerada. Y Ñuble tiene la obligación de mirar más allá de una comuna cuando define dónde instala su infraestructura sanitaria.
