La aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado se encamina a un escenario de alta tensión política, luego que la discusión en particular debiera ser suspendida este martes por incidentes protagonizados por representantes de organizaciones que se encontraban en las tribunas. La votación fue reagendada para el próximo martes 8 de septiembre, con acceso restringido a las graderías.
El episodio dejó al descubierto uno de los principales nudos de la iniciativa impulsada por el Gobierno: su mecanismo de financiamiento. El proyecto crea un fondo solidario destinado a garantizar el acceso a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, contemplando entre sus fuentes un aporte equivalente al 0,35% de las cotizaciones del Seguro de Cesantía.
La fórmula ha generado cuestionamientos desde sectores sindicales y de oposición, que advierten sobre los efectos que podría tener utilizar recursos destinados a proteger a quienes pierden su empleo, particularmente en un escenario de elevado desempleo.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la propuesta como un mecanismo “sostenible”, y llamó a reducir la tensión del debate. La ministra de la Mujer, Judith Marín, en tanto, reafirmó la disposición del Gobierno a continuar negociando durante la tramitación.
Financiamiento tensiona apoyo transversal al beneficio
En Ñuble, las posiciones de los senadores Loreto Carvajal (PPD) y Gustavo Sanhueza (UDI) reflejan el contraste que atraviesa la discusión. Ambos coinciden en la importancia de avanzar hacia un sistema que amplíe el acceso a sala cuna, pero difieren sustantivamente respecto de la fórmula propuesta.
Carvajal ha sido particularmente crítica del financiamiento con cargo al Seguro de Cesantía. La senadora sostiene que el beneficio debe construirse sin debilitar la protección de los trabajadores desempleados y cuestiona que el Ejecutivo haya optado por una fórmula que, a su juicio, favorece a los empleadores.
“En la Sala el martes pasado la mayoría de las intervenciones cuestionó eximir al empleador de financiar este beneficio, calificaron de riesgoso usar 0,35% de la cotización del seguro de cesantía en medio de una crisis con alto desempleo”, afirmó.
La parlamentaria plantea como alternativa un financiamiento mixto y acusa falta de disposición al diálogo por parte del Gobierno. “Lamentablemente, el ministro del Trabajo no dialoga y busca imponer su fórmula pro empleador”, sostuvo.
Sanhueza, en cambio, pone el acento en el impacto social y laboral de la iniciativa y llama a evitar que las diferencias sobre su financiamiento terminen postergando nuevamente el beneficio.
“Es muy necesario este proyecto para equilibrar la cancha para las madres trabajadoras de nuestro país”, afirmó el senador UDI, quien considera que se trata de una medida “responsable” y sostenible, con potencial para beneficiar a numerosas familias y contribuir a la reactivación del empleo.
Su llamado apunta directamente al próximo trámite: “No podemos seguir postergando esto, por lo que espero que como Senado estemos a la altura y votemos con responsabilidad y sin cálculos políticos”, sentenció.
