El robo de 25 animales, canales y un vehículo desde una planta faenadora de la variante Nahueltoro ocurrido esta semana, no debe ser leído como un episodio delictual más. El hecho vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el mundo agrícola viene denunciando desde hace años: la seguridad rural continúa siendo una tarea pendiente y requiere una respuesta proporcional a la importancia que este territorio tiene para Ñuble.
La percepción de abandono que expresa el gremio agrícola merece ser atendida. No se trata de trasladar responsabilidades a Carabineros, cuyos funcionarios muchas veces deben enfrentar extensos territorios con recursos limitados, sino de reconocer que las estrategias de seguridad no pueden concentrarse exclusivamente en los centros urbanos. En una región donde la agricultura constituye uno de sus principales motores económicos, proteger caminos, predios, plantas, maquinarias y producción también es proteger el desarrollo regional.
El problema, además, tiene características particulares. Las grandes distancias, la escasa conectividad y la falta de cobertura de comunicaciones dificultan la prevención y la reacción policial. Los delincuentes conocen esas vulnerabilidades y pueden aprovecharlas para actuar con menor riesgo. Por eso, la seguridad rural requiere herramientas específicas, coordinación permanente y presencia efectiva.
En este escenario, resulta valorable que la Seremi de Seguridad haya impulsado una mesa de trabajo con las policías y el sector agrícola, así como un plan piloto junto a O’Higgins y Maule. El uso de drones, centrales de monitoreo y sistemas de comunicación satelital puede mejorar sustancialmente la capacidad de vigilancia y respuesta. También es positivo que la PDI avance hacia una unidad especializada en delitos rurales.
Pero los anuncios deben transformarse rápidamente en resultados. La seguridad no puede depender de planes piloto eternos ni quedar reducida a compromisos que no se traducen en mayor presencia en terreno. Se necesita evaluar periódicamente los resultados, identificar las zonas más vulnerables y asignar recursos de acuerdo con esa evidencia.
La reciente captura de 12 prófugos de la justicia en Ñuble demuestra, por otra parte, que el análisis criminal, la inteligencia y la focalización de los recursos permiten obtener resultados concretos. Ese mismo criterio debe aplicarse al mundo rural.
La agricultura no puede ser considerada estratégica solo cuando se habla de producción, empleo o crecimiento. También debe serlo cuando se distribuyen recursos para garantizar la seguridad. Ñuble necesita caminos rurales vigilados, comunicaciones adecuadas y policías con medios suficientes. Proteger el campo es proteger a quienes trabajan en él y, en definitiva, proteger una parte esencial de la identidad y economía regional.
