Los últimos días de agosto han puesto a Martín Arrau en el centro de una tormenta política que excede con mucho el debate técnico sobre seguridad.
El ministro de Seguridad Pública y exintendente de Ñuble enfrenta cuestionamientos desde sectores de oposición, pero también desde parlamentarios de su propio sector, a propósito de la reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción para enfrentar alteraciones graves de la seguridad pública.
La propuesta, que el Gobierno presentó como una herramienta para responder a zonas dominadas por organizaciones criminales, terminó convirtiéndose en el primer gran traspié político de Arrau desde que asumió la cartera. Las críticas se concentran en las atribuciones que recibiría el Ejecutivo, la duración inicial de la medida -240 días-, los mecanismos de control y la posibilidad de afectar derechos fundamentales.
El concepto más duro llegó desde el mundo académico. Constitucionalistas como Arturo Fontaine y Javier Couso advirtieron sobre el riesgo de una suerte de “dictadura constitucional”. Arrau ha respondido que esa caracterización no se condice con el texto y ha acusado una campaña de desinformación.
“Yo no veo de dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos, sacan epítetos como los que usted dice”, planteó Arrau esta semana, defendiendo una iniciativa que, según explicó, recoge mecanismos existentes en otros estados de excepción.
Pero el problema para el ministro no está solamente fuera del Gobierno.
De Ñuble al gabinete, y ahora al centro del debate
Arrau llegó a Seguridad con un activo político particular. Su paso por Ñuble como intendente e instalador de la región lo vinculó directamente con el territorio y le permitió construir redes y reconocimiento local antes de saltar a la primera línea nacional. Esa trayectoria contribuyó a instalarlo como una de las figuras emergentes de la derecha y, posteriormente, como una carta con proyección más allá de su cargo ministerial.
Por eso, lo ocurrido estas semanas adquiere una dimensión adicional. No se trata solamente de la suerte de una reforma: también está en juego la capacidad de Arrau para consolidarse como uno de los liderazgos del oficialismo.
Su principal flanco ha sido la falta de socialización del proyecto. Desde el propio oficialismo surgieron reparos porque la iniciativa no habría sido suficientemente conversada con las coaliciones gobernantes ni con las Fuerzas Armadas antes de su presentación. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llegó a exigir el retiro del nuevo estado de excepción y advirtió que el Ejecutivo podía quedarse sin votos si insistía en una propuesta que calificó de “deficiente”.
A ello se sumaron cuestionamientos por la técnica legislativa. Las críticas sobre eventuales errores de redacción llevaron al propio Arrau a asumir personalmente la responsabilidad: “Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas”.
La escena es políticamente incómoda para un ministro que hasta ahora había construido buena parte de su perfil sobre la idea de gestión, orden y capacidad ejecutiva. En esta ocasión, precisamente su capacidad para conducir una reforma compleja quedó sometida al escrutinio del Congreso y de sus propios aliados.
También desde la oposición se abrió otro frente: algunos sectores recordaron que Arrau había sostenido anteriormente que la Política Nacional de Seguridad heredada del gobierno de Gabriel Boric era suficiente, acusándolo ahora de no contar con un diseño propio. La crítica busca instalar una contradicción entre el discurso oficialista de campaña y las herramientas que hoy impulsa desde La Moneda.
El Gobierno, finalmente, optó por quitarle urgencia a la iniciativa y abrir un proceso de diálogo para introducir modificaciones. El propio ministro reconoció que el plazo de 240 días es “totalmente conversable” y que podría reemplazarse por el mecanismo utilizado en otros estados de excepción.
El retroceso puede leerse como una derrota parcial, pero también como una oportunidad de corrección. La tramitación parlamentaria permite a Arrau intentar convertir una propuesta que nació bajo sospecha, en un acuerdo político transversal.
Su defensa apunta justamente en esa dirección: “No estamos inventando nada nuevo”, insistió, señalando que las herramientas propuestas tienen equivalentes internacionales.
El episodio, sin embargo, deja una señal política. Para un ministro con aspiraciones y con un vínculo especialmente fuerte con Ñuble, la seguridad constituye tanto una plataforma como un riesgo. Si logra conducir la reforma hacia un consenso, podrá transformar el traspié inicial en una demostración de liderazgo. Si no lo consigue, el episodio puede terminar debilitando precisamente la proyección nacional que comenzó a construir desde su paso por la región.
