Señor Director:
Chile destaca en salud ocupacional por la obligatoriedad de evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo. Sin embargo, para que esta política pública sea protectora, debe profundizar en la evaluación del impacto de las intervenciones y, a la vez, evolucionar junto a la acelerada transformación digital y el uso de las TIC.
Según la OIT, los riesgos laborales provocan más de 840 mil muertes anuales y pérdidas del 1,37% del PIB mundial. Hoy se omiten riesgos digitales como el tecnoestrés –sobrecarga, incertidumbre, complejidad e invasión de las TIC en la vida laboral y personal–, y la telepresión laboral –la urgencia subjetiva de disponibilidad permanente que erosiona la recuperación–.
Además, el problema no termina en el diagnóstico; el desafío está en el seguimiento. Las intervenciones derivadas de las evaluaciones suelen carecer de una evaluación de su impacto. Al limitarse a un cumplimiento formal, muchas empresas implementan prácticas de autocuidado o acciones aisladas que operan paliativamente, sin modificar aspectos culturales y estructurales, como por ejemplo el diseño de los puestos.
La evidencia científica demuestra que las leyes de desconexión son insuficientes en el papel si no se acompañan de un cambio cultural interno y un rediseño que devuelva autonomía al trabajador sobre sus tiempos.
Para que la salud mental sea inversión y no costo, es clave que esta política pública optimice los mecanismos en la evaluación de impacto, y evolucione incorporando riesgos psicosociales digitales, asegurando que el derecho a la salud ocupacional sea una realidad efectiva y sostenible para todos.
Pablo Mardones Méndez
Académico USS
