El Ministerio de Obras Públicas defendió los estándares del proceso de evaluación ambiental del proyecto embalse Zapallar, que se construirá en el río Diguillín, así como el estricto cumplimiento de las normativas, incluso en materia de participación ciudadana. Ello, en respuesta a las críticas de los vecinos y opositores de la obra de riego, quienes han presentado acciones administrativas y judiciales argumentando falencias en el proceso de evaluación desarrollado en el SEA. La más reciente fue una reclamación ante el Tribunal Ambiental.
“Tenemos plena confianza en la solidez técnica y jurídica de la evaluación desarrollada por el SEA y por los diversos organismos con competencia ambiental que participaron en el procedimiento. Por ello, confiamos en que los altos estándares técnicos, ambientales y procedimentales que sustentan la evaluación serán debidamente ponderados por el Tribunal Ambiental, permitiendo que este proyecto de interés público continúe su desarrollo conforme a la institucionalidad vigente”, declaró el seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco.
El estudio de impacto ambiental del Zapallar ingresó a tramitación en el SEA en septiembre de 2020 y logró su aprobación en la Comisión de evaluación ambiental de Ñuble en enero de 2024. Debido a los recursos administrativos, el Comité de Ministros evaluó y ratificó el proyecto a inicios de marzo de 2026. En tanto, en abril de 2026, el abogado Francisco Astorga, de la ONG Defensa Ambiental, en representación del grupo de vecinos Comité Unión Diguillín, presentó ante el Tribunal Ambiental una reclamación contra dicha ratificación en la que se pide que la iniciativa vuelva a la etapa de evaluación ambiental para que el titular revise las observaciones ciudadanas sobre flora, fauna y el impacto en las comunidades.
Al respecto, el seremi del MOP reafirmó el respeto por la independencia de los tribunales y por institucionalidad, así como también subrayó que “el proyecto continúa avanzando con estricto apego al marco regulatorio aplicable, manteniendo como prioridad el cumplimiento íntegro de su Resolución de Calificación Ambiental”.
Participación ciudadana
Carrasco aseguró que “el proceso de evaluación ambiental del proyecto, incluyendo las instancias de participación ciudadana contempladas por la legislación, se desarrolló con estricto cumplimiento del marco normativo aplicable y de los principios que rigen el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho contexto, las observaciones formuladas por la ciudadanía fueron debidamente incorporadas al procedimiento, siendo analizadas, ponderadas y respondidas de manera fundada a través de las distintas etapas de evaluación”.
La autoridad recordó que “la suficiencia y legalidad de dicho proceso fueron objeto de revisión por parte de las autoridades competentes en las instancias recursivas contempladas por el ordenamiento jurídico, resueltas tanto por el SEA como por el Comité de Ministros, entidades que analizaron los antecedentes técnicos y jurídicos disponibles y concluyeron que la evaluación ambiental se ajustó plenamente a derecho”.
“El Gobierno mantiene una firme convicción respecto de la importancia del diálogo permanente con los territorios. Por ello, durante la etapa de ejecución de las obras se promoverán espacios de información, comunicación y relacionamiento con la comunidad, orientados a entregar certezas, canalizar inquietudes y favorecer una adecuada comprensión del proyecto”, añadió el seremi.
De igual manera, Carrasco destacó que “la prioridad de la presente administración es otorgar la máxima certeza jurídica y técnica respecto del desarrollo del proyecto, a través de una gestión responsable, transparente y estrictamente ajustada al marco normativo”.
El proyecto, que representará una inversión estimada de US$212 millones, busca asegurar el riego para cerca de 10 mil hectáreas y beneficiar a más de 2 mil agricultores.
