La reforma constitucional de Seguridad llegó este lunes al Senado con una paradoja política que el Gobierno deberá resolver durante su tramitación: la iniciativa que pretende ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado nació precisamente abriendo un debate sobre cuánto poder está dispuesto el Congreso a entregar al Ejecutivo.
La presentación del proyecto estuvo precedida por un intento de La Moneda por ordenar a sus propias filas. Durante el comité político ampliado realizado a inicios de semana, los ministros buscaron tranquilizar a los partidos de gobierno frente a las inquietudes que había generado el texto. El esfuerzo, sin embargo, no consiguió cerrar las dudas.
Renovación Nacional fue la colectividad que con mayor claridad hizo públicas sus aprensiones. Su presidenta, Andrea Balladares, cuestionó que el proyecto haya tenido escasa discusión previa con los partidos y apuntó a materias que podrían afectar garantías constitucionales, como salud y educación.
El senador Andrés Longton fue todavía más directo al advertir que no existió un trabajo prelegislativo suficiente con las bancadas. El problema no es menor: la reforma requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, por lo que el Ejecutivo necesita construir un acuerdo que trascienda sus propias bancadas.
La advertencia también llegó desde Evópoli. Su presidente y senador, Luciano Cruz-Coke, planteó que el nuevo estado de excepción “concede poderes excesivos al Presidente que jamás querría en manos de oposición” y cuestionó que puedan existir atribuciones para el Ejecutivo durante 240 días sin un control suficiente del Congreso.
El reparo apunta directamente al corazón de la propuesta. El nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública podrá ser decretado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada. Su duración inicial será de hasta 120 días, con posibilidad de una prórroga por igual período.
Durante su vigencia, la zona afectada quedará bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Mandatario. Pero el elemento que más inquietud ha provocado es la amplitud de las facultades asociadas al régimen: podrán restringirse o suspenderse derechos como la libertad personal, de desplazamiento, reunión y asociación, además de contemplarse la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes, conforme a lo que establezca la legislación complementaria.
Es precisamente esa combinación de extensión temporal y atribuciones excepcionales la que ha abierto una discusión que va más allá de la eficacia de la medida. La pregunta que comienza a instalarse en el Congreso es qué controles deberá tener un instrumento de esta magnitud para impedir que facultades diseñadas para una emergencia puedan ser utilizadas sin contrapesos suficientes.
“El Congreso está para perfeccionar los proyectos”
En Ñuble, las posiciones expresadas antes del ingreso del proyecto adquieren ahora una nueva dimensión. Ya no se trata de pronunciarse sobre una propuesta anunciada por el Ejecutivo, sino de discutir un texto concreto, con facultades presidenciales que deberán ser examinadas artículo por artículo.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) ha anticipado su respaldo al objetivo de reforzar la seguridad, aunque puso especial énfasis en evitar zonas grises. “Todo debe quedar bien delimitado para evitar cualquier tipo de zona gris o ambigüedad para que no existan inconvenientes a futuro en su aplicación”, sostuvo.
Su postura coincide con una de las principales preocupaciones que atraviesan al oficialismo. La jefa del comité de senadores RN, María José Gatica, también respaldó el propósito de entregar más herramientas al Estado, pero planteó que el Congreso está precisamente para perfeccionar los proyectos durante su tramitación.
El diputado Cristóbal Martínez (UDI), por su parte, ha defendido el componente territorial de la estrategia y la utilización acotada de las Fuerzas Armadas en coordinación con Carabineros. “Lo que aquí se está proponiendo es una intervención acotada de las Fuerzas Armadas, en coordinación con Carabineros y en barrios muy específicos, que han sido tomados por el crimen organizado y el narcotráfico y que requieren ser recuperados”, señaló.
Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal (PPD) ha puesto el foco en que la respuesta al crimen organizado no puede descansar exclusivamente en cambios constitucionales. “Hay urgencias en las comunas donde las familias afectadas esperan mayor despliegue policial que les devuelvan la tranquilidad perdida ante la arremetida de las bandas delictuales”, sostuvo.
Su planteamiento apunta a fortalecer las capacidades operativas de las policías y a construir acuerdos transversales sobre el uso de la fuerza y la eventual participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
El diputado Carlos Chandía (RN) ha valorado, en cambio, la decisión de elevar la seguridad pública a rango constitucional. “Chile enfrenta una realidad nunca antes vista en materia de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo”, afirmó, aunque advirtió que los procedimientos, delimitaciones y cambios legales deberán ser resueltos por el Congreso.
Más crítico ha sido el diputado Francisco Crisóstomo (PS), quien cuestiona que el debate constitucional pueda desplazar herramientas que considera esenciales para desarticular económicamente a las organizaciones criminales. “Mientras tanto, siguen ausentes herramientas fundamentales para perseguir realmente el dinero del narcotráfico y desarticular al crimen organizado, como la inteligencia económica y el levantamiento del secreto bancario”, planteó.
En la misma línea, el diputado Felipe Camaño (ind.-DC) ha advertido que una reforma de esta magnitud exige contrapesos claros. “No podemos entregar facultades excepcionales sin establecer con absoluta claridad cuáles son sus límites”, sostuvo.
