La propuesta del Partido Cristiano para instaurar el Día Nacional de la Biblia y el Día Nacional de la Oración terminó instalando una controversia que superó el ámbito parlamentario y se trasladó con fuerza a las redes sociales.
La iniciativa, liderada por la diputada por Ñuble y presidenta de la colectividad, Sara Concha, recibió una ola de críticas que reabrió el debate sobre el Estado laico, las prioridades legislativas y el rol de las conmemoraciones religiosas promovidas desde el Congreso.
Los proyectos de resolución, presentados junto a la diputada Francesca Muñoz y parlamentarios de distintas bancadas, solicitan al Presidente de la República establecer el primer domingo de marzo como Día Nacional de la Oración y el último domingo de septiembre como Día Nacional de la Biblia.
Concha defendió que ambas fechas buscan reconocer el aporte espiritual, valórico y comunitario que realizan miles de personas a través de las iglesias cristianas. Según argumentó, la oración ha contribuido históricamente al fortalecimiento de la sociedad y al acompañamiento de quienes ejercen funciones públicas.
La ofensiva parlamentaria consiguió respaldo transversal de diputados de RN y del Partido Republicano, quienes valoraron el reconocimiento institucional a expresiones de fe que, a su juicio, forman parte de la historia y la identidad cultural de Chile.
El debate se trasladó a las redes
Sin embargo, el foco público se concentró rápidamente en las críticas. La principal objeción apuntó a que el Congreso estaría dedicando tiempo a iniciativas simbólicas en un contexto marcado por problemas de seguridad, crisis carcelaria, dificultades económicas y demandas sociales más urgentes.
En plataformas digitales, numerosos usuarios calificaron la propuesta como una agenda desconectada de las prioridades ciudadanas. Otros cuestionaron que se impulse una conmemoración específica para la Biblia y la oración cristiana, sosteniendo que ello podría interpretarse como un privilegio hacia un credo determinado.
La discusión también se centró en el principio de Estado laico. Sectores no confesionales plantearon que la libertad religiosa ya está garantizada por la Constitución y que la oficialización de estas efemérides podría tensionar la neutralidad del Estado frente a otras religiones, así como respecto de personas agnósticas o ateas.
Otro elemento que alimentó la controversia fue el carácter simbólico de la iniciativa. Al proponerse que ambas conmemoraciones recaigan en días domingo, los proyectos no implican nuevos feriados ni modificaciones al calendario laboral, lo que llevó a algunos críticos a calificarlos como gestos políticos sin efectos prácticos.
Pese a ello, sus impulsores insisten en que el objetivo no es crear beneficios laborales, sino reconocer una dimensión espiritual presente en una parte importante de la población chilena.
La diputada Francesca Muñoz sostuvo que la oración y la Biblia forman parte esencial de la fe cristiana y que de ellas emanan principios como la dignidad humana, la solidaridad y el respeto por la familia.
La polémica dejó en evidencia una tensión que reaparece periódicamente en el debate público chileno: el equilibrio entre el reconocimiento de tradiciones religiosas con fuerte arraigo social y el carácter laico de las instituciones del Estado. Más allá del destino legislativo de los proyectos, el episodio permitió al Partido Cristiano instalar un tema identitario que moviliza a su electorado, pero que también activa una fuerte resistencia en sectores que consideran que la agenda parlamentaria debería concentrarse en materias de impacto directo para la ciudadanía
