Este miércoles entró en vigor la Ley 21.802 de Seguridad Municipal, marco regulatorio que otorga a los municipios un piso jurídico claro para ejercer un rol preventivo y coadyuvante con las policías.
El hito de lanzamiento en la Región de Ñuble se realizó en Chillán Viejo, donde su alcalde anfitrión, Jorge del Pozo, valoró contar con esta herramienta, mientras autoridades y ediles abordaron los alcances de la norma, sus exigencias técnicas y el cronograma de implementación de sus reglamentos.
La ley representa un cambio sustancial al estandarizar las direcciones de seguridad comunal y autorizar detenciones en flagrancia, fiscalización de incivilidades, patrullajes mixtos e intercomunales y participar en controles de tránsito.
El seremi de Seguridad de Ñuble, Héctor Ponce, detalló que los funcionarios pasarán a llamarse inspectores municipales y recibirán 13 cursos de capacitación obligatoria en derechos humanos, defensa personal y primeros auxilios, sumando además la entrega obligatoria de equipamiento defensivo, seguro de vida y uso de tecnologías.
“Esta ley viene a reconocer a los municipios como actores claves en el sistema de seguridad y eso significa fortalecer el actuar de los funcionarios que hoy día pasan a llamarse inspectores municipales. Ellos van a ser capacitados en 13 cursos que les van a permitir desarrollar labores que hoy día no estaban desarrollando”, destacó.
El seremi Ponce resaltó también los patrullajes coordinados entre comunas vecinas: “Algo muy importante que nos permite esta ley son los operativos intercomunas. Hoy en día nuestros funcionarios solo podían operar dentro de su comuna; hoy esta ley nos permite hacer operativos intercomunas con una serie de protecciones que van a tener nuestros inspectores”.
Ley corta en acción
Sin embargo, el debut de la normativa llega acompañado de nudos operativos y una discusión sobre plazos normativos y que deberán ser destrabados por una Ley Corta.
La Ley 21.802 dispone la dictación de reglamentos clave cuyo plazo legal vence el 11 de febrero de 2027, mientras que el Reglamento de la Plataforma Interconectada tiene fecha límite hasta el 12 de agosto de 2027.
Para agilizar estos textos, la Subsecretaría de Prevención del Delito instaló mesas técnicas con Carabineros, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Justicia y gremios municipales.
A nivel local, los ediles apuntaron a las urgencias inmediatas. Desde la capital regional, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, enfatizó la necesidad de acelerar la bajada práctica.
“Valoramos avanzar en mayores atribuciones para nuestros equipos, pero requerimos que el reglamento operativo se despache con celeridad para precisar las atribuciones reales que tendrán los inspectores en el territorio”, dijo.
En esa línea, el director de Seguridad Municipal de Chillán, Lautaro Arias, sumó la exigencia de la licencia Clase F para vehículos de emergencia y la definición del régimen laboral. Para evitar frenos en los patrullajes mientras se adecúan estas exigencias, el Gobierno impulsó en el Congreso una “ley corta” transitoria.
El alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, valoró la nueva ley expresando: “Contentos por la entrada en vigencia de esta Ley de Seguridad Municipal, que viene a respaldar y fortalecer la labor preventiva de los municipios, que trabajamos de la mano con las policías, y que nos otorga mayores facultades y respaldo legal a nuestros inspectores de seguridad municipal, con detenciones ante hechos delictuales en flagrancia por ejemplo”
