La seguridad vuelve a tensionar los bordes entre eficacia estatal y libertades públicas. El ingreso al Parlamento de la ACOT, iniciativa que propone crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, abrió entre los parlamentarios de Ñuble un debate que encuentra coincidencia en la necesidad de enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado, pero diferencias sobre hasta dónde puede llegar el Estado para conseguirlo.
Impulsada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la propuesta busca convertirse en una quinta herramienta constitucional de excepción, distinta de los actuales estados de Catástrofe, Emergencia, Asamblea y Sitio. Su objetivo es intervenir territorios acotados donde exista una grave alteración de la seguridad pública, particularmente aquellos afectados por organizaciones criminales con capacidad de control territorial.
El diseño contempla restricciones a la movilidad y a la libertad de reunión, incautación más expedita de bienes, apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías y, entre los puntos más controvertidos, la posibilidad de interceptar telecomunicaciones sin orden judicial previa dentro de los polígonos determinados. También se estudia aplicar toques de queda diferenciados para menores.
“Queremos poder investigar las telecomunicaciones de manera más amplia, en un polígono, en un barrio o en una zona rural, sin orden judicial en la excepción constitucional”, explicó Arrau, quien ha defendido la iniciativa asegurando que tendrá contrapesos y responsables definidos.
La propuesta tiene además una particular huella ñublensina. El abogado Javier Parra y el ingeniero comercial Carlos Ávila, integrantes del círculo de confianza que acompaña a Arrau, estuvieron junto al actual ministro durante su etapa como delegado presidencial para la instalación de Ñuble y posteriormente como intendente. Ambos forman parte de su entorno de trabajo en la agenda que ahora llega al Congreso.
Seguridad sí, pero ¿hasta dónde?
En el Parlamento, la primera recepción desde Ñuble es favorable entre los representantes oficialistas, aunque incluso allí aparecen llamados a precisar las reglas del juego.
El senador UDI Gustavo Sanhueza considera que la propuesta responde al compromiso gubernamental de reforzar la seguridad. “Me parece que esta propuesta va en esa línea”, sostuvo, aunque puso una condición: “todo debe quedar bien delimitado para evitar cualquier tipo de zona gris o ambigüedad”, dijo.
A su juicio, las organizaciones criminales “han ido aumentando su nivel de poder y violencia”, por lo que plantea avanzar “con celeridad y urgencia” y buscar respaldo también entre sectores opositores.
El diputado UDI Cristóbal Martínez comparte el diagnóstico y valora la posibilidad de una intervención territorial acotada. “Lo que aquí se está proponiendo es una intervención acotada de las Fuerzas Armadas, en coordinación con Carabineros y en barrios muy específicos, que han sido tomados por el crimen organizado y el narcotráfico y que requieren ser recuperados”, afirmó.
Desde RN, el diputado Carlos Chandía también recibió positivamente la iniciativa, aunque remarcó que será el Congreso el que deberá fijar sus límites. “Chile enfrenta una realidad nunca antes vista en materia de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo”, precisó, valorando la posibilidad de discutir la propuesta “con altura de miras”.
La oposición, sin embargo, instala una pregunta distinta: si para combatir el crimen organizado es realmente necesario crear un nuevo régimen constitucional o si las herramientas existentes pueden ser perfeccionadas.
La senadora PPD, Loreto Carvajal, coincide en que las policías necesitan mayores capacidades, pero cuestiona que una reforma constitucional sea la respuesta. “Hay urgencias en las comunas donde las familias afectadas esperan mayor despliegue policial que les devuelva la tranquilidad perdida”, planteó.
El diputado independiente-DC, Felipe Camaño, comparte la necesidad de reforzar la lucha contra el crimen, pero advierte sobre los límites. “Una reforma constitucional de esta magnitud debe discutirse con mucha responsabilidad y también con tiempo”, sostuvo. Su preocupación central son los contrapesos: “No podemos entregar facultades excepcionales sin establecer con absoluta claridad cuáles son sus límites”.
El fantasma del 19-O
El debate adquiere una dimensión especialmente sensible al cruzarse con la experiencia del estallido social de octubre de 2019. Para el Gobierno, la ACOT busca impedir que un territorio pueda quedar fuera del control efectivo del Estado frente a una amenaza grave y organizada. Sus críticos, en cambio, advierten que una herramienta diseñada para combatir el crimen podría terminar utilizándose en contextos de protesta o alteración del orden público si sus causales y límites no quedan claramente definidos.
El diputado socialista, Francisco Crisóstomo, cuestiona precisamente el énfasis del Ejecutivo. “La seguridad no se construye con grandes titulares, ni con anuncios que ya todos conocemos”, afirmó, reclamando más recursos y capacidades para las policías.
También apunta a la necesidad de perseguir las estructuras económicas del narcotráfico, mediante inteligencia financiera y otras herramientas que, a su juicio, no ocupan un lugar suficientemente central en la agenda. “No nos vamos a restar, tenemos toda la disposición para dialogar, construir acuerdos y aprobar leyes que realmente entreguen mayor seguridad”, aseguró.
El Ejecutivo prepara además unas 15 iniciativas legislativas relacionadas con seguridad y modificaciones reforzadas a las Reglas de Uso de la Fuerza. Así, la ACOT será parte de una ofensiva legislativa más amplia.
