El diputado por Ñuble, Carlos Chandía, firmó un proyecto de reforma constitucional que busca establecer la obligatoriedad de exámenes de drogas para altas autoridades del Estado y cargos de elección popular, además de fijar la cesación en el cargo en caso de un resultado positivo definitivo.
La iniciativa, presentada por el diputado Jaime Mulet y patrocinada por parlamentarios de distintas bancadas, fue ingresada esta semana y coincide con un proyecto impulsado por el Ejecutivo que apunta en una dirección similar.
La propuesta incorpora un nuevo artículo 8 bis a la Constitución para obligar a diversas autoridades a someterse a controles al asumir sus funciones y de manera periódica. Entre los cargos incluidos figuran el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, seremis, parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales, fiscales y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la PDI.
El proyecto establece que un resultado positivo definitivo, salvo que exista una justificación por prescripción médica, constituirá causal de cesación en el cargo o de inhabilidad para continuar ejerciéndolo.
Chandía sostuvo que el tema se relaciona con la confianza pública y sostuvo que el sistema debe contar con procedimientos técnicos que entreguen garantías sobre la precisión de los exámenes.
