La fiscal regional Nayalet Mansilla dejará el próximo 8 de agosto el cargo que ocupó como la primera fiscal regional en la historia de Ñuble. Al día siguiente tendrá un breve respiro. Pero ya el 10 de agosto asumirá una nueva etapa profesional como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana Oriente.
“Me voy a dedicar a los delitos sexuales. Es algo que realmente me motiva”, comenta.
Y no sorprende. De hecho, minutos después, al preguntarle cuál es el fenómeno delictual que más le preocupa tras estos años al frente del Ministerio Público regional, levantó la vista, como si buscara un archivo entre sus propios recuerdos, y la respuesta llegó sin vacilaciones: “Los delitos sexuales. Sobre todo después de la pandemia aumentaron mucho”.
La conversación, sin embargo, va mucho más allá de un balance de gestión. Es una mirada a la evolución de Ñuble desde un lugar privilegiado, el de quien conoció los delitos desde su estructura, sus transformaciones y también sus frustraciones. A una semana de dejar la principal oficina de la Fiscalía Regional, Nayalet Mansilla accedió a conversar con La Discusión sobre cómo se ve una región a través de los ojos de quien la investigó todos los días, durante ocho años.
Una región distinta
-¿Qué diferencias existe entre la realidad delictual del Ñuble al que usted llegó, respecto de esta región que ahora usted deja?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la Región de Ñuble ha cambiado muchísimo desde que llegué.
Hay mayor infraestructura, una mayor población en Chillán, hay una ciudad más moderna, con centros comerciales que antes no existían. También cambió el tránsito, entonces es casi otra ciudad. Todo eso ha traído nuevos fenómenos delictuales que hace ocho años simplemente no estaban presentes.
Eso nos obligó a fortalecer las instituciones. Hoy contamos con servicios policiales especializados que antes no existían, como el OS9, el SEBV o el Labocar. Eso nos ha permitido depender cada vez menos de Biobío.
Ahora bien, toda modernización trae consigo nuevos desafíos. Uno de ellos es la migración. Cuando llegamos, ese no era un tema; hoy sí lo es, y la pandemia aceleró ese proceso. Eso obligó a adaptar el trabajo de la Fiscalía, porque muchas veces debemos investigar hechos en que participan personas cuya documentación es difícil de verificar o cuyos países de origen tienen sistemas registrales muy complejos.
-¿Se refiere principalmente a la migración venezolana?
-A la venezolana y también a la de otros países, como Haití, donde acceder a información oficial resulta mucho más difícil. Vemos cómo estas personas tienden a agruparse y a desempeñarse en actividades informales, como el comercio ambulante, el reparto de alimentos o los trabajos agrícolas. Y donde existe informalidad también pueden aparecer espacios propicios para ciertos delitos.
Hoy enfrentamos secuestros, un aumento del tráfico de drogas y algunos casos de sicariato. No son delitos habituales en Ñuble, pero ya existen y han obligado a modificar la forma en que investigamos.
-Cómo estamos hoy respecto de la propia Ñuble de hace diez años.
-Sigue siendo una región relativamente tranquila en comparación con otras zonas del país, pero eso no significa que podamos bajar la guardia. Fenómenos que antes parecían lejanos hoy están llegando. Hace pocos días, por ejemplo, tuvimos una investigación por secuestro (en Coihueco). Son delitos que comienzan a aparecer con mayor frecuencia y debemos estar preparados.
En materia de crimen organizado, yo sigo sosteniendo que en Ñuble no existe, propiamente tal, una estructura de esas características. Lo que vemos son bandas, muchas veces de carácter familiar o provenientes de otras regiones.
Eso no significa que no debamos estar atentos. Las bandas criminales y los delitos de mayor connotación deben ser vigilados permanentemente, porque el objetivo es impedir que ese tipo de organizaciones se instalen en la región.
-Pero aunque las jefaturas estén en Santiago o incluso fuera de Chile, su capacidad operativa perfectamente puede llegar a Ñuble.
-Sí, puede ocurrir, pero hasta ahora no es algo que hayamos detectado. Existen bandas locales y otras que llegan desde regiones cercanas, pero yo no podría afirmar que organizaciones como el Tren de Aragua estén operando en Ñuble.
Más de 100 causas de corrupción
-Otro tema permanente es la corrupción. El hecho de que tantos alcaldes hayan sido formalizados parece indicar que hay un fenómeno importante.
-Los delitos de corrupción no son exclusivos de Ñuble; ocurren en todo el país. Lo que sí puedo decir con responsabilidad es que durante mi gestión nos propusimos perseguirlos con decisión. Lo dije cuando asumí y ese ha sido uno de los sellos de esta administración.
La persecución ha sido amplia porque entendemos que la corrupción debe investigarse con la misma fuerza que cualquier otro delito.
-Sin embargo, la ciudadanía no ve condenas de cárcel.
-Las investigaciones por corrupción suelen ser largas y complejas. No son delitos flagrantes; muchas veces se descubren años después de ocurridos los hechos. Además, algunas causas corresponden a conductas cometidas antes de la reforma legal de 2018, que endureció las sanciones, mientras que otras ya se investigan bajo esa nueva legislación.
Un buen ejemplo es el caso Led. Esa investigación ya registra más de once personas condenadas. Se recuperaron más de 3.600 millones de pesos entre multas, indemnizaciones y recursos provenientes de la responsabilidad penal de la empresa involucrada. Hoy la causa está ad portas del juicio oral, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara un recurso presentado por una de las defensas. Ahora solo resta que se fije la fecha para el juicio. Esa causa tendrá sentencia, probablemente con penas de crimen e incluso con condenas de cárcel.
-¿Y las otras investigaciones?
Lo mismo. La causa de Cuentas Corrientes, por ejemplo, fue iniciada por nuestra Fiscalía y hoy sigue siendo liderada por las fiscales Nadia Espinoza y Carmen Gloria Wittwer. Ese caso también está próximo a llegar a juicio oral.
Hemos ido avanzando. Entiendo que la ciudadanía espere penas de cárcel, pero también es importante reconocer que ya existen múltiples condenas por delitos de corrupción. El caso Aljibes, por ejemplo, terminó con la condena de Ricardo Vallejos (exadministrador municipal de Chillán). Por lo tanto, nadie puede decir que no hemos obtenido resultados.
-¿Cómo evalúa su desempeño en materia de corrupción entre particulares?
-Existen varias investigaciones vigentes, principalmente por estafas y otros delitos de esa naturaleza. Sentencias todavía no tenemos, pero sí un número importante de causas en tramitación. Deben superar el centenar.
-Existe la percepción de que una región con altos índices de ruralidad, pobreza y analfabetismo podría ser más vulnerable a la corrupción o al engaño. ¿Comparte esa mirada?
-No. Yo no creo que exista una relación entre ruralidad y corrupción. Son fenómenos distintos. Lo que puedo decir es que durante mi gestión nunca dejamos pasar una denuncia. Todo aquello que debía investigarse, se investigó.
No creo que Ñuble sea una región más corrupta que otras. Lo que ocurre es que hoy estos delitos se investigan con mayor decisión.
Falta de infraestructura
-¿Qué le sigue faltando a Ñuble en materia de infraestructura para enfrentar el delito?
-Mucho. El Servicio Médico Legal aún necesita más médicos especialistas, particularmente psiquiatras, además de un laboratorio más moderno. Todavía debemos enviar la mayoría de los exámenes, como las alcoholemias, a Concepción. Son necesidades de largo plazo.
También hacen falta más jueces, y ese es un tema que hemos intentado conversar con los parlamentarios de la zona.
-¿Cómo impacta eso en la persecución penal?
-De manera importante. Los tribunales no alcanzan a absorber la cantidad de juicios que genera el sistema. Cuando un juicio debe reagendarse, muchas veces no existe disponibilidad y termina fijándose para un año después. Eso retrasa toda la tramitación.
-¿Y qué necesitan hoy las policías?
-Siempre hacen falta más funcionarios y una mayor capacidad técnica, especialmente laboratorios y unidades especializadas. Aun así, tanto Carabineros como la PDI realizan un esfuerzo enorme por mantener un buen servicio.
Si hay algo que destaco de estos ocho años es la relación de trabajo que construimos con ambas policías. Ha sido una relación basada en el respeto, la coordinación y la confianza, y eso se refleja en el trabajo cotidiano de los fiscales. Estoy convencida de que esa coordinación continuará.
-El fiscal nacional designó como su sucesor a Rolando Canahuate, un fiscal formado íntegramente en Ñuble. ¿Qué le pareció esa decisión?
-Me parece una excelente noticia. Rolando Canahuate es un gran profesional y un excelente fiscal. Estoy convencida de que realizará una muy buena gestión.
Además, creo que su nombramiento también constituye un reconocimiento al trabajo realizado por esta Fiscalía Regional.
Canahuate ha liderado investigaciones muy complejas, como robo de madera, robo de cables, abigeato, robo de aperos y la investigación por tráfico de medicamentos, que incluso fue reconocida a nivel nacional por la Policía de Investigaciones. Su designación refleja el trabajo desarrollado durante todos estos años.
-¿Qué fue lo más fácil de ser fiscal regional de Ñuble?
-El equipo humano. Encontré personas muy comprometidas, muy profesionales y, además, un excelente ambiente de trabajo. Eso hizo mucho más fácil enfrentar los desafíos.
–¿Y lo más difícil?
-La pandemia, sin duda. Nadie estaba preparado para enfrentar algo así. Yo había asumido en agosto de 2018 y en marzo de 2020 debimos cambiar completamente nuestra forma de trabajar.
De un momento a otro hubo que reinventar el funcionamiento completo del sistema para seguir protegiendo a las víctimas y continuar investigando delitos que nunca dejaron de ocurrir.
Tuvimos que implementar rápidamente herramientas digitales. Creamos una carpeta investigativa digital en tiempo récord y fuimos una de las primeras regiones en hacerlo.
-¿Y cuál es la principal frustración con la que deja el cargo?
-La verdad es que me voy tranquila. Siempre se puede hacer más o hacerlo mejor, pero tengo la sensación de haber cumplido con mi deber.
Lo que sí me preocupa profundamente es el aumento sostenido de los delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Es un fenómeno que hemos visto crecer en los últimos años y que requiere seguir siendo una prioridad.
-¿Cómo explica ese aumento?
-Es una tendencia que se observa en todo el país y Ñuble no es la excepción. Puede deberse, en parte, a una mayor develación de estos delitos y a una mayor confianza en el sistema para denunciarlos. Pero, cualquiera sea la explicación, sigue siendo preocupante.
La mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, precisamente quienes tienen menos herramientas para protegerse.
Además, desde la Fiscalía hemos impulsado un trabajo preventivo muy fuerte en colegios, centros de salud y municipios. Hoy existe una coordinación permanente con las oficinas de la mujer y otros organismos comunales. No basta con esperar que las denuncias lleguen. Hay que acercarse a la comunidad, sensibilizar y generar confianza para que las víctimas denuncien.
