La seguridad no admite autocomplacencia. Menos aún en una región que durante los últimos años había logrado encadenar períodos de disminución de los delitos y que ahora observa un cambio de tendencia, con un incremento de 3,7% durante el primer semestre, igual al registrado a nivel nacional.
La cifra, presentada de manera aislada, podría parecer moderada. Pero las estadísticas requieren contexto y, en este caso, este obliga a mirar con atención. El aumento regional se produce después de tres períodos consecutivos de disminución de los delitos y en un momento en que Ñuble ha recibido niveles históricos de inversión pública en seguridad. Por lo mismo, no basta con sostener que el incremento podría obedecer a una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar. Esa puede ser una parte de la explicación, pero difícilmente puede transformarse en una respuesta automática para todo el fenómeno.
La realidad es, además, mucho más compleja que el promedio regional. Mientras Chillán concentra la mayor cantidad de denuncias, con 5.509 casos y un aumento de 6,3%, las variaciones porcentuales más significativas se observan en comunas de menor tamaño, como El Carmen, Coelemu y San Fabián. En la primera, los delitos aumentaron 51,1%; en la segunda, 19,1%, y en la tercera, 18,2%. En contraste, Trehuaco, Pinto y Ránquil muestran descensos relevantes.
Esta disparidad debería ser una invitación a investigar, no a buscar explicaciones sencillas. Cada comuna tiene dinámicas particulares, pero en varias de ellas se repiten elementos que no pueden ser ignorados: crecimiento poblacional, expansión de viviendas hacia sectores rurales, capacidades policiales que no necesariamente han aumentado al mismo ritmo y la aparición de nuevas formas de criminalidad en territorios que durante mucho tiempo fueron considerados tranquilos.
Tampoco es posible desconocer la cifra negra. En sectores rurales persiste el temor a denunciar, la desconfianza en que la denuncia tendrá resultados y, en algunos casos, el miedo a represalias. Cuando se trata de tráfico de drogas u organizaciones criminales, esa resistencia puede ser todavía mayor. Por eso, afirmar que el aumento de las cifras refleja simplemente que ahora se denuncia más resulta insuficiente. Puede ocurrir que haya más denuncias, pero también que continúen existiendo numerosos delitos que nunca llegan a los registros oficiales.
La pregunta es particularmente pertinente en una región donde el delito rural dejó de limitarse al abigeato. El robo de maquinaria, insumos agrícolas, cables eléctricos y la presencia de cultivos ilegales de marihuana han configurado un escenario diferente. Los caminos interiores, los sectores boscosos y las zonas de difícil acceso ofrecen oportunidades para organizaciones que saben aprovechar las debilidades de la vigilancia.
Por eso, la seguridad no puede medirse únicamente por los números de las denuncias. También debe observarse la percepción de los vecinos, la capacidad de respuesta policial, la presencia de patrullajes y la evolución de delitos que, precisamente por temor o desconfianza, pueden no ser denunciados. La sensación de inseguridad no aparece de la nada. Se construye a partir de experiencias concretas, relatos comunitarios y la percepción de que el Estado no siempre llega con la rapidez y la fuerza necesarias.
La seguridad exige abandonar la autocomplacencia. Cada aumento significativo en una comuna, cada delito que no se denuncia por temor y cada sector rural que queda fuera de una vigilancia efectiva debe ser considerado en el diagnóstico. Ñuble necesita saber con precisión qué está ocurriendo en sus territorios para evitar que las señales de hoy se conviertan en los problemas mayores de mañana.
