Señor Director:
Basar la discusión sobre delincuencia juvenil en el endurecimiento de las penas y la rebaja de la edad de responsabilidad penal es un acto reduccionista. Hablar de seguridad pública inmediatamente obliga a abordar un fenómeno mucho más complejo, que involucra la reinserción social, y que exige un trabajo articulado, interinstitucional y especializado.
La privación de libertad tiene efectos contraproducentes: los adolescentes se adaptan a contextos violentos y rompen su vínculo con el entorno al que deberán reinsertarse, por lo que la evidencia internacional muestra que endurecer penas y prolongar el encierro consolida trayectorias delictuales.
Asimismo, la convergencia de factores de vulnerabilidad —económicos, familiares, educativos y comunitarios— favorece que organizaciones criminales capten a adolescentes para la comisión de delitos de mayor gravedad. Rebajar la edad de responsabilidad penal no interviene sobre estas estructuras, sino que desplaza el fenómeno hacia cohortes etarios cada vez más jóvenes y de mayor vulnerabilidad. No existe evidencia que respalde la rebaja como mecanismo de seguridad.
Por ello, la respuesta del Estado debe abordar los factores que favorecen la captación y generar condiciones adecuadas para una reinserción social real y sostenida en el tiempo, por medio de fortalecer trayectorias educativas, generar oportunidades laborales concretas, incrementar la atención en salud mental, y abrir espacios para que jóvenes desarrollen actividades que les permitan construir y potenciar un proyecto de vida propio, alejado de la criminalidad. Esa es la amplitud necesaria del debate.
Gabriela Zapata Arca
Facultad de Psicología UDP
