La detención de cinco funcionarios de Carabineros de Chillán, tres de ellos oficiales y dos suboficiales que se desempeñaban en la Segunda Comisaría, constituye un hecho grave. No solo por la naturaleza de los delitos que se investigan —allanamientos irregulares, detenciones ilegales, apremios ilegítimos, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, entre otros—, sino también porque vuelve a poner sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿qué tan eficaces son los mecanismos de control para detectar oportunamente conductas impropias al interior de una institución cuya principal misión es precisamente hacer cumplir la ley?
La investigación, que está siendo dirigida por la Fiscalía y que derivó en órdenes de detención ejecutadas por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble, debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Será la justicia la que determine las responsabilidades individuales. Sin embargo, los antecedentes conocidos son suficientemente serios como para advertir que se trata de un acto de corrupción de preocupación mayor.
La experiencia demuestra que los casos de corrupción o de abuso de poder dentro de las instituciones policiales rara vez se limitan a quienes terminan siendo formalizados. Sus efectos alcanzan a toda la organización, dañan la confianza ciudadana y afectan especialmente a los funcionarios que cumplen correctamente con su deber. En el caso de Carabineros, una institución que enfrenta diariamente situaciones de alto riesgo y que requiere de legitimidad para ejercer sus atribuciones, la pérdida de confianza es un daño particularmente grave.
El punto central no es esperar a que una investigación penal llegue a una orden de detención para recién reaccionar. La prevención debe comenzar mucho antes. Las instituciones modernas necesitan controles internos eficaces, auditorías, trazabilidad de procedimientos, supervisión jerárquica y canales seguros para denunciar irregularidades. También requieren una cultura organizacional que no tolere el encubrimiento ni el silencio corporativo cuando existen señales de conductas que pueden constituir delitos.
La propia existencia de una unidad de asuntos internos con capacidad para investigar a integrantes de la institución es positiva. Un buen sistema de control debe ser capaz de identificar patrones, alertas y comportamientos anómalos antes de que se transformen en prácticas arraigadas o en redes de corrupción.
La ciudadanía no puede aceptar que quienes tienen la obligación de detener a los delincuentes terminen utilizando sus atribuciones para cometer delitos. Del mismo modo, tampoco puede aceptar que un funcionario que actúa correctamente vea afectada su reputación por la conducta de quienes traicionan el uniforme que visten.
Por eso, la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y determinar con claridad qué ocurrió, quiénes participaron y si existieron responsabilidades de mando, omisiones o fallas de control. La respuesta institucional debe ser firme, transparente y proporcional a la gravedad de los hechos que eventualmente se acrediten.
La confianza pública no se presume: se construye y se protege todos los días. Y cuando alguno de sus integrantes la traiciona, la mejor forma de defender a la institución no es ocultar el problema, sino investigarlo, sancionarlo y corregir las condiciones que permitieron que ocurriera.
