Señor Director:
Hay decisiones que cambian un país sin hacer ruido. No ocurren con discursos grandilocuentes, sino entre indicaciones corregidas una y otra vez, votaciones apuradas y comisiones que terminan con senadores abandonando la sala. Eso ocurrió en el Senado. No fue un espectáculo: fue una advertencia.
La polémica no gira en torno a impedir inversiones. La pregunta es otra: ¿quién debe asumir el riesgo cuando un proyecto pierde su Resolución de Calificación Ambiental por decisión de los tribunales? La indicación 207 abre la puerta para que el Estado restituya gastos directos a empresas en determinados casos. No hay un tope legal para esas compensaciones y la Dirección de Presupuestos reconoce que su costo es imposible de estimar. La Biblioteca del Congreso, además, detalla que no encontró un mecanismo equivalente en el derecho comparado.
El Gobierno sostiene que busca entregar certeza jurídica a la inversión. Sus críticos responden que esa certeza no puede construirse trasladando parte del riesgo empresarial al bolsillo de los contribuyentes. Esa diferencia merece una discusión profunda, no una tramitación marcada por cambios de última hora y una comisión quebrada.
La inversión necesita reglas claras. Pero también las necesita la ciudadanía. Porque cuando las pérdidas privadas pueden convertirse en obligaciones públicas, la confianza deja de ser un activo y empieza a transformarse en una deuda. Y las deudas, al final, siempre las termina pagando alguien. La pregunta es sencilla: ¿deben pagarlas quienes nunca participaron del negocio?
Ricardo Rodríguez Rivas
