La continuidad del Estado es uno de los principios fundamentales de la administración pública. Por ello existen las subrogancias, una herramienta que permite mantener el funcionamiento de las instituciones cuando un cargo queda vacante. Sin embargo, cuando lo excepcional se prolonga y se transforma en la regla, deja de ser una solución para convertirse en un síntoma de fragilidad institucional.
Eso es precisamente lo que hoy ocurre en la región. El Servicio de Salud Ñuble, el Hospital Clínico Herminda Martín y la Secretaría Regional Ministerial de Salud permanecen bajo liderazgos subrogantes, concentrando en tres instituciones estratégicas una condición que debiera ser transitoria. Más allá de las capacidades profesionales de quienes hoy ejercen estas funciones, resulta evidente que el sector sanitario enfrenta un escenario de incertidumbre que no favorece una gestión eficiente.
El caso de la Seremi de Salud reviste especial preocupación. A diferencia de los otros dos cargos, cuyo nombramiento depende del sistema de Alta Dirección Pública, esta designación corresponde directamente al Ejecutivo. Han transcurrido varias semanas desde la salida de la autoridad anterior y la región continúa esperando una definición que, según diversas versiones, parece estar más condicionada por negociaciones políticas que por la urgencia sanitaria.
La demora adquiere mayor relevancia considerando el momento del año. El invierno exige una coordinación permanente entre hospitales, atención primaria, servicios de urgencia y autoridades sanitarias. Las enfermedades respiratorias aumentan la presión sobre la red asistencial, mientras las campañas preventivas requieren conducción clara, capacidad de decisión y un liderazgo plenamente respaldado por el Gobierno.
Las declaraciones cruzadas entre oficialismo y oposición evidencian que el problema ya trascendió lo administrativo. Mientras unos hablan de improvisación y falta de prioridad, desde el Ejecutivo se insiste en que el trabajo continúa con normalidad. Probablemente ambas afirmaciones contengan parte de verdad. Las instituciones siguen funcionando gracias al compromiso de sus equipos, pero ello no elimina las limitaciones que supone operar con autoridades cuya permanencia depende de una designación pendiente.
Los cargos titulares no solo firman documentos. También fijan prioridades, asumen responsabilidades políticas, impulsan proyectos y entregan certezas a los funcionarios y a la ciudadanía. Una autoridad interina, por definición, dispone de menor margen para adoptar decisiones de largo plazo, especialmente cuando desconoce cuánto tiempo permanecerá en el puesto.
La salud pública demanda liderazgo estable, especialmente en una región que aún enfrenta importantes desafíos en infraestructura, listas de espera, fortalecimiento de la atención primaria y preparación frente a emergencias sanitarias. La continuidad operativa es indispensable, pero no reemplaza la legitimidad ni la capacidad de conducción que otorga un nombramiento definitivo.
El Gobierno tiene la responsabilidad de cerrar cuanto antes este ciclo de interinatos. No solo para despejar especulaciones políticas, sino porque Ñuble necesita autoridades con respaldo pleno para conducir uno de los servicios más sensibles para la calidad de vida de sus habitantes. La salud no puede seguir funcionando en modo provisional.
