La discusión sobre el futuro emplazamiento de la nueva cárcel regional volvió a instalar un viejo fenómeno: el rechazo inmediato de las comunidades frente a una infraestructura que, aunque necesaria para el funcionamiento del Estado, nadie quiere tener cerca. Bastó que el sector de Oro Verde fuera mencionado como una de las alternativas en evaluación para que surgieran campañas en redes sociales y manifestaciones de oposición, repitiendo una secuencia ya vivida en Portezuelo, San Nicolás y San Carlos.
La reacción es comprensible. Una cárcel genera inquietudes legítimas sobre seguridad, plusvalía, impacto vial y calidad de vida. Lo preocupante es que el debate se instale antes de que existan antecedentes técnicos que permitan responder esas inquietudes con información y no con especulaciones.
Esta vez, además, el contexto es diferente. El traslado del recinto penitenciario desde el centro de Chillán dejó de ser una aspiración política para convertirse en una prioridad del Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria. Ñuble necesita un establecimiento moderno, con mayor capacidad y acorde a los desafíos actuales del sistema penitenciario. El penal ubicado en pleno centro de la capital regional representa una realidad que hace años quedó superada por el crecimiento urbano y por las exigencias de seguridad.
La necesidad del proyecto, sin embargo, no justifica improvisaciones. Si algo ha quedado claro tras las declaraciones de autoridades regionales y parlamentarios es que la decisión no puede tomarse desde un escritorio en Santiago ni basarse exclusivamente en la disponibilidad de terrenos. Se requieren estudios ambientales, urbanos, de conectividad, de seguridad y de compatibilidad con los instrumentos de planificación territorial. Solo sobre esa base es posible construir una decisión que tenga legitimidad.
En ese sentido, resulta difícil comprender que se mencionen públicamente posibles ubicaciones antes de concluir los análisis respectivos. Al hacerlo, se instala incertidumbre en las comunidades, se alimentan rumores y se tensiona innecesariamente la relación entre el Estado y los vecinos. La transparencia es indispensable, pero también lo es el orden en los procesos. Primero deben existir los estudios; luego, la socialización con las comunidades y, finalmente, una decisión debidamente fundamentada.
También es cierto que ninguna comuna puede pretender beneficiarse únicamente de las inversiones públicas mientras rechaza toda infraestructura que implique costos o externalidades. Las ciudades deben asumir responsabilidades junto con los beneficios que reciben. Sin embargo, ese principio solo es válido cuando el Estado demuestra que la ubicación elegida responde a criterios objetivos y no a decisiones administrativas difíciles de explicar.
Ñuble tiene hoy una oportunidad concreta para resolver una deuda histórica con su infraestructura penitenciaria. Sería lamentable que un proyecto necesario terminara empantanado por errores de comunicación, falta de participación o ausencia de fundamentos técnicos. El desafío no consiste únicamente en construir una nueva cárcel; consiste en hacerlo correctamente, con evidencia, diálogo y respeto por las comunidades. Solo así será posible compatibilizar el interés regional con la legítima preocupación de quienes podrían convertirse en sus futuros vecinos.
