La decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, no solo cerró el primer juicio político impulsado contra una exautoridad de la administración Boric, sino que también volvió a instalar una discusión que atraviesa al Congreso desde hace varios años: el creciente uso de este mecanismo como instrumento de disputa política más que como una herramienta excepcional para exigir responsabilidades constitucionales.
La Sala desestimó los cuatro capítulos del libelo presentado por diputados, luego que ninguno alcanzara los votos necesarios para prosperar. Los cargos fueron rechazados por amplias mayorías, consolidando un nuevo fracaso de una acusación constitucional que, desde su tramitación en la Cámara, había sido cuestionada por la debilidad de sus fundamentos jurídicos.
La votación se produce, además, en momentos en que un grupo transversal de diputados presentó una reforma constitucional destinada a endurecer los requisitos para ingresar acusaciones. La iniciativa propone duplicar las firmas necesarias, aumentar los quórum de aprobación, exigir una interpelación previa al ministro involucrado y elevar el estándar jurídico de las causales, buscando devolver al mecanismo su carácter excepcional.
Desde el retorno a la democracia, solo tres ministros de Estado han sido destituidos mediante una acusación constitucional, pese a que se han presentado 51 libelos contra integrantes de distintos gobiernos. Ese historial es uno de los principales argumentos de quienes sostienen que la herramienta se ha transformado en una forma de desgaste político de baja eficacia institucional.
Debate por el uso del mecanismo
La senadora por Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), votó en contra de los cuatro capítulos y advirtió sobre los riesgos de seguir debilitando la institucionalidad mediante acusaciones sin sustento suficiente.
“Hay un dejo de bastante falta de solidez en su presentación”, sostuvo durante la sesión, agregando que una acusación constitucional “puede significar la muerte política de una persona” y, por ello, requiere fundamentos jurídicos robustos. La parlamentaria también afirmó que el libelo representaba “un abuso de esta instancia como última ratio” y que validar una acusación basada en diferencias de proyecciones económicas constituía “un precedente peligroso para la política fiscal”.
En la vereda opuesta, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) respaldó la acusación, aunque también reconoció que el mecanismo ha sido utilizado en exceso.
“Pese a que ha existido un abuso de la herramienta de la acusación constitucional, nuestro voto se fundamenta en que durante la gestión del exministro Grau no se cumplieron los parámetros de entregar información rigurosa para poder legislar”, argumentó.
Las reacciones partidarias también reflejaron el debate de fondo.
La presidenta regional del Frente Amplio, Francisca Leyton, sostuvo que el rechazo “confirma lo que dijimos desde el primer día”, calificando la acusación como “una maniobra política construida sobre antecedentes falsos y sin fundamentos serios”. Añadió que las acusaciones constitucionales “no pueden transformarse en herramientas de propaganda ni de cálculo político”.
En una línea similar, el presidente regional del PS, Juan Parada, resaltó que “el Senado haya puesto la pelota en el piso”, señalando que la decisión reafirma lo planteado previamente por el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la inexistencia de inconsistencias aritméticas en las cifras fiscales.
Desde el oficialismo, la presidenta nacional del Partido Social Cristiano y diputada por Ñuble, Sara Concha, lamentó el resultado. A su juicio, “la acusación tenía fundamento, tenía sustento, pero lamentablemente algunos prefieren salvarse entre ellos”, cuestionando que no existiera responsabilidad política frente al manejo de las proyecciones fiscales.
En tanto, el presidente regional de RN, Renán Cabezas, coincidió en que las acusaciones no deben seguir utilizándose con fines políticos.
“Las acusaciones constitucionales no pueden seguir siendo una herramienta política. De ahora en adelante debe primar la racionalidad y, cuando exista mérito, la coordinación para impulsar estas acciones”, afirmó.
