Señor Director:
En 2016, Chile se convirtió en pionero mundial al implementar el etiquetado frontal de advertencia en alimentos. Una década después, el balance exige honestidad: hubo avances reales, pero los números no mienten. Hoy 7 de cada 10 chilenos presenta malnutrición por exceso, y el Mapa Nutricional Junaeb 2025 revela que 5 de cada 10 estudiantes evaluados están en la misma situación. No es un retroceso menor.
Lo que la ley sí logró fue reformulación de productos. El azúcar total experimentó una reducción del 15% en distintas categorías, liderada por bebidas azucaradas y lácteos. Eso es concreto. El problema es que muchas reformulaciones trasladaron el azúcar hacia edulcorantes no calóricos, cuyo consumo subió de 37% a 43%, cuando la OMS recomienda reducir gradualmente el gusto por lo dulce, no sustituirlo.
El etiquetado actúa sobre la decisión individual, no sobre el entorno. Y ese entorno sigue siendo profundamente obesogénico: solo el 26,4% de los niños entre 5 y 17 años alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados por la OMS, los dispositivos electrónicos ocupan cerca de 3 horas diarias en la rutina infantil, y la inflación presiona especialmente a los grupos socioeconómicos más vulnerables hacia opciones ultraprocesadas.
Agregar un nuevo rótulo para identificar ultraprocesados no resolverá lo que más información tampoco resolvió. Lo que falta es más profundo: educación nutricional continua con profesionales en las escuelas, consejería en atención primaria, impuestos a los ultraprocesados, subsidios a frutas, verduras y pescado, y una fiscalización que no se diluya con los años. La ley fue un paso necesario. Quedarse en ese paso, no.
Claudia Rojas
Académica Esc. Nutrición UNAB
