Aunque el acceso a la información pública es un derecho garantizado por ley para todos los ciudadanos, la forma en que éste se ejerce sigue mostrando profundas diferencias territoriales.
Así lo revela el estudio “Derecho de Acceso a la Información en el nivel local: intensidad de uso, desempeño y desigualdades territoriales en municipios chilenos”, elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que analizó más de 779 mil solicitudes realizadas a 336 municipalidades del país entre 2013 y 2024.
La investigación concluye que las comunas rurales presentan patrones distintos a los observados en los grandes centros urbanos. Mientras las ciudades cuentan con mayores niveles de conectividad, digitalización y acceso a plataformas electrónicas, los territorios rurales siguen enfrentando limitaciones que influyen en la forma en que las personas ejercen su derecho a solicitar información pública.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para la participación ciudadana y el control social de la gestión pública. “Las personas tienen derecho a saber cómo funcionan los procesos y procedimientos que utiliza el Estado, especialmente cuando estos inciden en beneficios, servicios o decisiones que afectan directamente sus vidas”, sostuvo.
El estudio muestra que, pese a los avances registrados en transparencia activa –la obligación de los organismos públicos de publicar información de manera permanente– la demanda por información continúa creciendo. Mientras en 2013 los municipios recibieron 2.440 solicitudes de acceso a la información, en 2024 la cifra superó las 113 mil, alcanzando el nivel más alto desde la creación del Portal de Transparencia.
Comunas rurales: mayor intensidad
Los investigadores identificaron una fuerte relación entre ruralidad e intensidad de uso del derecho de acceso a la información. De acuerdo con el informe, a medida que aumenta el porcentaje de población rural de una comuna, también crece la tasa de solicitudes de información por habitante. La correlación detectada es una de las más altas del estudio, lo que evidencia que los habitantes de territorios rurales recurren con mayor frecuencia a este mecanismo para obtener antecedentes de la administración pública.
La realidad de Ñuble aparece claramente reflejada en los resultados. La región posee una de las mayores proporciones de comunas rurales del país y varios de sus municipios son mencionados en los análisis realizados por el CPLT.
Cobquecura figura entre las comunas con altos niveles de ruralidad y una elevada intensidad de uso del derecho de acceso a la información. Ninhue también aparece dentro de los casos que registran una fuerte utilización de este mecanismo, mientras que Trehuaco es identificada entre las comunas con menores niveles de digitalización.
Asimismo, comunas como El Carmen y San Ignacio son mencionadas en los análisis relativos a tiempos de respuesta y comportamiento territorial, mientras que Chillán Viejo aparece en los apartados asociados a pobreza multidimensional y digitalización comunal.
La brecha digital detrás de las diferencias
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio apunta precisamente al impacto de la digitalización sobre el acceso a la información. El análisis concluye que existe una relación inversa entre el Índice de Digitalización Comunal y la intensidad de uso del sistema: mientras menor es el nivel de digitalización de una comuna, mayor es la cantidad de solicitudes de información que se presentan por habitante.
Según el informe, las comunas con menores niveles de conectividad, acceso a internet y desarrollo de servicios digitales municipales tienden a utilizar con más intensidad los mecanismos formales (presenciales) de acceso a la información. Entre los ejemplos mencionados figura Trehuaco, junto a otros territorios rurales del país.
Sin embargo, el estudio también entrega una señal positiva respecto del desempeño municipal. A diferencia de lo que podría suponerse, la ruralidad no se traduce necesariamente en peores tiempos de respuesta. Los investigadores concluyeron que las diferencias entre comunas urbanas y rurales son mínimas en esta materia, manteniéndose niveles de respuesta similares en la mayoría de los municipios del país.
De hecho, el sistema municipal registra una tasa de respuesta superior al 90% de las solicitudes ingresadas y tiempos medianos de tramitación cercanos a los 18 días hábiles, dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
Para una región como Ñuble, donde la mayoría de sus 21 comunas presenta características rurales o mixtas, las conclusiones adquieren especial relevancia. El informe evidencia que las desigualdades territoriales siguen condicionando el ejercicio efectivo de derechos ciudadanos y que las brechas de conectividad continúan influyendo en la relación entre las personas y el Estado.
Natalia González enfatizó que el avance tecnológico debe ir acompañado de mayores estándares de transparencia y comprensión ciudadana. “La modernización tecnológica es bienvenida, pero debe ser comprensible, explicable y sujeta a revisión”, afirmó.
