El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, abordó la investigación que busca esclarecer un eventual caso de tráfico de menores relacionado con el ingreso irregular de niños haitianos a Chile, insistiendo en la necesidad de mantener un debate público basado en antecedentes concretos y en los resultados de las indagatorias en curso.
En entrevista con Tele13 Radio, Thayer señaló que ha debido intervenir para “encausar un debate que a ratos raya en la exageración”, advirtiendo que se han distorsionado aspectos centrales de una situación que podría involucrar delitos de trata o tráfico de personas.
“Es importante ordenar la discusión, focalizarnos en lo relevante y esperar que las investigaciones den su resultado”, afirmó, manifestando además preocupación por las acusaciones de tráfico de órganos realizadas por algunos parlamentarios, las que calificó como carentes de la templanza y racionalidad necesarias frente a un tema de alta complejidad.
El exdirector recordó que durante 2023, 2025 y nuevamente en enero de 2026 el servicio presentó denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el ingreso de menores haitianos y el uso de documentación fraudulenta. “Es gravísimo y por lo mismo se debe investigar a fondo”, sostuvo.
Thayer explicó que en 2025 se detectó una situación agravada que derivó en el término de la tramitación de ciertas visas. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad final de revisar la documentación recae en el Sermig y no exclusivamente en el consulado chileno en Haití.
Asimismo, recordó que en julio de 2023 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución para flexibilizar los criterios de visas para ciudadanos haitianos, iniciativa respaldada transversalmente por distintos sectores políticos.
Respecto al ingreso de menores, indicó que la normativa exige que los niños entren al país acompañados por sus padres o por un tutor legal autorizado, control que corresponde verificar a la Policía de Investigaciones (PDI). No obstante, reconoció que podrían existir distintos escenarios, desde tráfico de menores hasta casos en que las familias delegan el traslado de sus hijos a terceros mediante documentación que los acredita como cuidadores.
“El resguardo debe estar en la frontera y en el control documental. Si existen sospechas, los antecedentes deben ponerse a disposición del Ministerio Público”, enfatizó.
