La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de ejecutar embargos sobre cuentas bancarias de deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), instaló una de las principales controversias políticas de las últimas semanas.
Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta legítima para recuperar recursos fiscales, en Ñuble los diputados han reaccionado con posturas diversas, aunque coinciden en exigir claridad sobre el procedimiento aplicado.
La ofensiva de cobranza, impulsada tras el llamado del Ejecutivo a regularizar las deudas, generó una avalancha de reclamos de personas que denunciaron la retención o vaciamiento de sus cuentas bancarias. El debate se amplificó luego que surgieran cuestionamientos jurídicos respecto de la legalidad de aplicar mecanismos administrativos para perseguir deudas originadas en créditos estudiantiles.
Más allá de las diferencias políticas, la principal preocupación entre los representantes de la región apunta al equilibrio entre el deber del Estado de recuperar recursos y el respeto a las garantías de los deudores.
Fiscalización y dudas sobre el procedimiento
Uno de los más críticos ha sido el diputado Felipe Camaño (ind.-DC), quien ofició a la Tesorería para conocer los criterios utilizados en los procesos de embargo.
“El aspecto que más nos preocupa dentro de este ámbito es que los embargos y retenciones de fondos de cuentas bancarias se han ejecutado mediante un procedimiento puramente administrativo, sin un juicio civil previo. Esto implica que cientos de personas podrían ver afectado su patrimonio sin haber podido ejercer de manera plena su derecho a defensa”, sostuvo.
El parlamentario manifestó inquietud por los efectos que podrían enfrentar familias cuyos ingresos ya están tensionados por el alto costo de la vida, y planteó la necesidad de revisar alternativas de pago acordes con la realidad económica de los deudores.
En una línea similar se manifestó el diputado socialista Francisco Crisóstomo, quien calificó la situación como “simplemente inaceptable”. A su juicio, el Estado no puede aplicar medidas que terminen dejando a las familias sin recursos para enfrentar sus gastos básicos.
“Cobrar una deuda no puede significar dejar a una familia sin recursos para vivir ni para llegar a fin de mes”, afirmó, agregando que existe una percepción de desigualdad entre la rapidez con que se persigue a personas naturales y la lentitud observada en otros casos de interés público.
Transparencia y respaldo condicionado
Desde el oficialismo, el diputado Carlos Chandía (RN) evitó cuestionar directamente la cobranza, pero pidió explicaciones detalladas sobre los fundamentos legales y administrativos que sustentan los embargos.
El legislador presentó un oficio fiscalizador dirigido al Ministerio de Hacienda y a la TGR para conocer los mecanismos de evaluación, los sistemas de notificación y los criterios utilizados para seleccionar a los deudores afectados.
“Se requiere un pronunciamiento contundente a la brevedad por parte de las autoridades competentes”, planteó, enfatizando la necesidad de despejar cualquier duda sobre la legalidad del procedimiento, y disminuir la percepción de arbitrariedad.
Una postura más favorable a la acción de la Tesorería expresó el diputado Cristóbal Martínez (UDI). Según sostuvo, la institución está ejerciendo las facultades que le corresponden para recuperar recursos que pertenecen al Estado.
“Lo que está haciendo la TGR es lo que corresponde, porque son recursos que finalmente le pertenecen a todos los chilenos”, afirmó, aunque recalcó que este tipo de acciones deben desarrollarse con estricto apego a la ley.
Por su parte, la diputada Sara Concha, del Partido Cristiano, introdujo un elemento adicional al debate. Recordó que durante años existieron expectativas de una eventual condonación del CAE, lo que pudo influir en el comportamiento de algunos deudores. Sin embargo, señaló que mientras la legislación vigente mantenga estas obligaciones, corresponde al Estado aplicarlas.
Eso sí, advirtió que los procesos de cobro deben realizarse con criterios de “justicia, proporcionalidad y considerando la realidad económica de cada familia”.
