La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario se instaló esta semana como uno de los principales focos de tensión política en el Senado.
La norma, incorporada en la reforma que crea un subsistema de inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado, quedó a un paso de ser aprobada, pero un doble empate terminó aplazando la decisión para la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta.
El resultado sorprendió tanto al oficialismo como a la oposición. La propuesta alcanzó inicialmente un empate de 23 votos a favor y 23 en contra, escenario que obligó a repetir la votación. Sin embargo, la igualdad se mantuvo y, tras una reclamación reglamentaria, la definición quedó pendiente para la próxima semana.
La situación dejó en evidencia el peso que podrían adquirir los parlamentarios ausentes en la jornada. Entre ellos figura la senadora por Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), quien se encontraba fuera del país en una misión oficial, y no participó del proceso.
Su eventual participación en la próxima votación adquiere relevancia debido a que el margen entre ambas posiciones es mínimo. De hecho, cuatro senadores no marcaron preferencia por distintas razones, configurando un escenario abierto y de alta incertidumbre para el desenlace de una discusión que se ha transformado en una prueba política para el Gobierno y para quienes impulsan mayores herramientas de persecución financiera.
El rol de Carvajal
A diferencia de otros legisladores cuya posición podría variar en los próximos días, la parlamentaria ñublensina ya adelantó públicamente cuál será su postura cuando el proyecto vuelva a la sala.
“Sin duda que este es un proyecto que mejora la trazabilidad de los recursos, sobre todo cuando hay que perseguir el crimen organizado, cuyos tentáculos llegan justamente a la acumulación de mucho dinero. Yo soy autora de un proyecto en conjunto con el senador Velásquez, que lo iniciamos hace tres años en el Senado, y que, obviamente, se concentra en este mismo objetivo. Por ello, no hay ninguna duda de que votaré a favor de levantar el secreto bancario, y es más, soy partidaria de que todas las autoridades no tengamos ningún impedimento para que los tribunales, cualquier proceso de investigación o cualquier persona pueda conocer todos los recursos que estén depositados en la banca, o que en definitiva, conformen el patrimonio, sobre todo de las autoridades. Así que, por supuesto, que voto a favor”, manifestó.
Sus palabras no solo despejan dudas respecto de su voto, sino que además la posicionan dentro de los sectores que buscan ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades ilícitas.
La discusión enfrenta dos visiones. Mientras los partidarios de la norma sostienen que el acceso más expedito a información bancaria es fundamental para detectar operaciones sospechosas y desarticular redes criminales, quienes rechazan la fórmula actual advierten que el procedimiento debe mantener control judicial previo para resguardar garantías constitucionales y el derecho a la privacidad.
Desde el Ejecutivo han insistido en que respaldan el objetivo de perseguir el crimen organizado, aunque con mecanismos distintos a los aprobados previamente por la Cámara de Diputados. Esa diferencia explica buena parte de la resistencia que la iniciativa ha encontrado en el Senado.
En paralelo, el jueves, al finalizar su participación en la sesión de la Comisión de Hacienda, donde se está discutiendo la megarreforma; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a impulsar una corrección legal al modelo de secreto bancario que hoy existe.
Si bien el Ejecutivo, hasta hoy, no comparte el mecanismo que aprobó la Cámara y que quedó en empate en el Senado, Quiroz admitió que le estaba dando “una vuelta”.
