La celebración en La Moneda duró poco.
Apenas horas después de que la Cámara de Diputadas y Diputados despachara el Plan de Reconstrucción Nacional con 90 votos a favor, el entusiasmo oficialista chocó con la realidad política del Senado: una cámara más pequeña, más impredecible y mucho menos dispuesta a conceder triunfos rápidos. Lo que parecía una victoria decisiva puede convertirse ahora en una negociación larga, áspera y capaz de desfondar el cronograma que el Ejecutivo trazó para convertir la reforma en uno de los hitos de su primera Cuenta Pública.
El objetivo original era claro: exhibir la aprobación del proyecto antes del 1º de junio como prueba de capacidad política y gobernabilidad. Pero la Cámara Alta amenaza con derrumbar ese diseño.
La primera dificultad es la aritmética. Mientras con los diputados el Ejecutivo logró construir una mayoría amplia gracias a respaldos circunstanciales, en el Senado la ecuación cambia de manera radical. Sin la presencia del PDG y con un equilibrio mucho más estrecho, el oficialismo debe salir a buscar apoyos en una corporación en la que cada voto tiene un peso decisivo.
El escenario ya muestra fisuras. El senador Alejandro Kusanovic, integrante del comité RN, anticipó su rechazo al proyecto y cuestionó públicamente la falta de diálogo previo por parte del Ejecutivo. Su postura no solo resta un respaldo potencial; instala una señal política incómoda para la Moneda: la negociación llega tarde.
La advertencia no proviene solo de la izquierda. Desde la Democracia Cristiana, Iván Flores dejó en claro que el Senado no replicará la lógica transaccional vista en la Cámara, anticipando que “no habrá pirquineo” para destrabar la discusión.
La matemática que obliga a negociar
En el socialismo democrático tampoco existe cheque en blanco. La senadora Daniela Cicardini advirtió que el apoyo al proyecto no implica renunciar a introducir cambios, mientras Paulina Vodanovic emplazó al Ejecutivo a modificar su forma de negociar.
En ese tablero, los senadores bisagra adquieren una influencia determinante. Matías Walker ha mostrado disposición a respaldar la idea de legislar, pero condicionó su apoyo a que el Gobierno construya una mayoría políticamente sólida. Miguel Ángel Calisto, por su parte, también ha planteado observaciones.
A esa complejidad se suma un factor inesperado: la incertidumbre judicial que rodea tanto a Calisto como a Camila Flores. Ambos enfrentan procesos que, eventualmente, podrían derivar en desafueros. Si alguno quedara suspendido antes de la votación, la correlación de fuerzas podría alterarse de forma sensible.
Consciente de ese escenario, el Senado ya marcó distancia de la urgencia del Ejecutivo. El jefe de bancada PS-PPD, Juan Luis Castro, advirtió que la discusión tomará meses, mientras el ministro del Interior, Claudio Alvarado, moderó las expectativas iniciales y reconoció que la tramitación podría extenderse más allá de junio.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sintetizó el nuevo tono al sostener que una reforma de esta magnitud no debiera aprobarse por uno o dos votos, sino con una mayoría transversal.
Ese mensaje cambia por completo el libreto del Gobierno. Más que una carrera contra el tiempo, lo que comienza es una prueba de resistencia política. Y en ese terreno, el Senado suele imponer sus propias reglas.
