La imagen difundida ayer en redes sociales por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al exsenador por Ñuble y exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe; terminó por consolidar una señal política que ya había generado ruido en el escenario nacional y regional: la estrategia del actual gobierno en materia de seguridad no partirá desde cero, sino que recogerá insumos y herramientas diseñadas en administraciones anteriores.
“Esta tarea requiere sentido de Estado”, escribió Arrau tras reunirse con Harboe, una de las figuras con mayor trayectoria técnica y política en seguridad pública en las últimas décadas.
La imagen apareció apenas horas después de que el ministro defendiera la existencia de un plan para enfrentar la delincuencia, validando como base la Política Nacional de Seguridad desarrollada durante la administración de Gabriel Boric.
La combinación de ambos gestos -sus declaraciones y la reunión con un exparlamentario del PPD- reactivó el debate político en Ñuble. Mientras desde el oficialismo se defendió la continuidad institucional como una señal de pragmatismo, sectores de oposición interpretaron el episodio como una contradicción respecto del discurso que marcó la campaña presidencial de José Antonio Kast.
Continuidad institucional v/s pragmatismo
El delegado Presidencial regional, Diego Sepúlveda, resaltó la postura adoptada por Arrau, enfatizando que la seguridad requiere acuerdos transversales y continuidad técnica.
“Lo que ha planteado el ministro Martín Arrau demuestra visión de Estado y sentido práctico. La seguridad requiere continuidad institucional, pero también conducción, urgencia y resultados”, sostuvo.
Sepúlveda remarcó que el Ejecutivo busca fortalecer el trabajo de las policías, modernizar el Plan Cuadrante y avanzar con medidas concretas para enfrentar el crimen organizado, subrayando que la prioridad está puesta en devolver tranquilidad a las familias.
En tanto, la diputada del PSC, Sara Concha, respaldó la idea de recoger herramientas ya existentes. A su juicio, la seguridad debe ser entendida como una política de Estado, en que el foco debe estar en una correcta ejecución institucional y no en la instalación de nuevas normas sin aplicación efectiva.
Una visión similar expresó el diputado Carlos Chandía (RN), quien sostuvo que la continuidad es natural en una materia tan sensible, aunque advirtió que la ciudadanía exige que “se note el cambio de mano”.
Desde el Senado, Gustavo Sanhueza introdujo un matiz crítico. Si bien reconoció que las políticas públicas tienen continuidad entre gobiernos, sostuvo que las declaraciones del ministro no fueron del todo oportunas, pues el país requiere certezas respecto de las medidas concretas que serán implementadas.
“Contradicción política”
Las reacciones más severas provinieron desde la oposición y desde quienes interpretaron las reuniones con el exministro, Luis Cordero, y con Felipe Harboe como una validación explícita de las políticas impulsadas por gobiernos anteriores.
El diputado socialista, Francisco Crisóstomo, afirmó que el actual Ejecutivo está reconociendo en los hechos que sí existía una hoja de ruta seria para enfrentar el crimen organizado.
“Cuando el actual gobierno decide continuar trabajando sobre la Política Nacional de Seguridad impulsada anteriormente, valida que sí había una estrategia. Una cosa es la campaña y otra muy distinta es gobernar”, afirmó.
Agregó que “durante mucho tiempo, el Presidente Kast y el Partido Republicano intentaron instalar la idea de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric había dejado al país a la deriva en materia de seguridad, que no existía una política pública y que no había un plan serio para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, hoy son ellos mismos quienes terminan reconociendo exactamente lo contrario. Porque cuando el actual gobierno decide continuar trabajando sobre la Política Nacional de Seguridad y sobre el Plan contra el Crimen Organizado impulsados durante la administración anterior, lo que hace es validar que sí existía una estrategia, sí existía una hoja de ruta y sí había un trabajo serio del Estado para enfrentar uno de los fenómenos más complejos que vive Chile”, manifestó.
Más crítico aún fue el diputado independiente-DC, Felipe Camaño, quien interpretó la señal como una admisión de improvisación y ausencia de una propuesta propia.
“No existe claridad respecto de cómo enfrentarán el crimen organizado. No se aprecia una directriz firme ni una estrategia integral que permita pensar que habrá resultados efectivos. Por el contrario, da la impresión que nuevamente terminaremos empatando frente a la delincuencia, mientras las familias siguen viviendo con miedo. Algunos podrán llamar esto pragmatismo, pero cuesta creer que ésa haya sido la intención original cuando en campaña se desestimaron las políticas anteriores y se aseguró que existía una mirada completamente distinta”, sentenció.
