La reciente precisión de la Contraloría General de la República sobre el alcance de las atribuciones de los concejales volvió a instalar un debate de larga data en la política comunal: hasta dónde llega la representación vecinal y dónde comienza una intervención improcedente ante la administración municipal.
El dictamen, originado a partir de consultas formuladas por concejales de Futaleufú y Estación Central, aclaró que el ordenamiento jurídico no faculta a los ediles para gestionar, defender o representar intereses particulares frente al alcalde o funcionarios municipales. La resolución reafirma que las funciones de los concejos son normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y que cualquier actuación debe ajustarse estrictamente al interés general.
La interpretación no es menor. En la práctica, fija un límite a una costumbre extendida en buena parte de los municipios del país: la intervención directa de concejales para agilizar respuestas, destrabar trámites o canalizar requerimientos específicos de vecinos.
Si bien la Contraloría precisó que los concejales pueden solicitar información y fiscalizar la gestión municipal mediante los canales formales establecidos por ley, dejó en claro que no corresponde actuar como intermediarios en favor de intereses individuales.
Frontera difusa
La resolución abrió un debate inmediato entre los concejales chillanejos, quienes coinciden en la necesidad de resguardar la transparencia, aunque difieren respecto del alcance práctico que tendrá la medida.
La concejala socialista, Brígida Hormazábal, advirtió que la delimitación puede resultar compleja de aplicar cuando un caso individual termina revelando un problema colectivo. A su juicio, muchas iniciativas comunales nacen precisamente a partir de situaciones particulares detectadas en terreno. “La línea es demasiado delgada”, planteó, recordando experiencias en las que casos de abandono o vulnerabilidad permitieron visibilizar déficit estructurales que luego derivaron en programas municipales más amplios.
Para Hormazábal, el desafío será evitar que una interpretación excesivamente restrictiva termine inhibiendo la capacidad de los concejales para recoger necesidades urgentes de la comunidad.
Desde una visión distinta, el concejal radical, Yerson Soto, destacó la aclaración, asegurando que viene a reforzar una práctica que, a su juicio, siempre debió observarse. Sostuvo que el pronunciamiento ayudará a erradicar conductas impropias, como la exposición de intereses particulares en sesiones de concejo o la entrega de beneficios personales que pueden confundirse con clientelismo político.
Una lectura similar expresó la concejala Carolina Chávez, quien destacó que la resolución contribuye a ordenar el ejercicio del cargo. Para la edil RN, el dictamen clarifica una confusión frecuente respecto del rol de los concejales, quienes muchas veces terminan asumiendo funciones que corresponden exclusivamente a la administración municipal.
El concejal Rodrigo Ramírez coincidió en la necesidad de fortalecer los procedimientos institucionales, aunque advirtió que el principal desafío será evitar un distanciamiento con los vecinos. Enfatizó que los concejales suelen ser el primer canal al que recurre la ciudadanía frente a necesidades urgentes, por lo que la clave estará en encauzar esas inquietudes sin invadir competencias administrativas.
Más allá de las diferencias, el consenso apunta a que el dictamen obligará a profesionalizar aún más la labor edilicia. Oficios formales, solicitudes de información y fiscalización documentada asoman como la ruta obligada.
