Un nuevo revés sufrió la Tesorería General de la República en su estrategia para cobrar deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), luego que la Contraloría General de la República instruyera devolver recursos retenidos durante la Operación Renta que habían sido utilizados para compensar una deuda universitaria.
El dictamen, emitido el 12 de mayo de 2026 por el organismo encabezado por Dorothy Pérez, determinó que el pago de las cotizaciones previsionales obligatorias debe prevalecer por sobre cualquier cobro vinculado al CAE.
El caso se originó tras la presentación de un reclamo por parte de una trabajadora independiente, quien cuestionó la actuación de la Tesorería respecto de montos retenidos en su declaración de renta correspondiente al año tributario 2023. Según expuso la afectada, los recursos provenían de retenciones aplicadas a boletas de honorarios emitidas por servicios prestados a la Municipalidad de Chonchi y estaban destinados al pago de sus cotizaciones previsionales obligatorias.
Sin embargo, dichos fondos fueron utilizados por la Tesorería para compensar una deuda asociada al Crédito con Aval del Estado. La recurrente aseguró además que posteriormente debió cubrir sus cotizaciones utilizando recursos propios.
Análisis jurídico
En su análisis jurídico, la Contraloría recordó que la Ley 21.133 estableció la obligatoriedad de cotizar para trabajadores independientes y que el artículo 92 F del Decreto Ley 3.500 dispone expresamente que estas cotizaciones deben pagarse “con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza”.
El ente fiscalizador sostuvo que la finalidad de la normativa es garantizar la cobertura integral de seguridad social para quienes emiten boletas de honorarios. Asimismo, constató que la contribuyente posteriormente regularizó el pago de sus cotizaciones previsionales.
Por lo anterior, la Contraloría ordenó a la Tesorería General de la República reintegrar los montos retenidos y dejar sin efecto la compensación aplicada a la deuda CAE. Además, instruyó informar la situación a la Comisión Ingresa, organismo encargado del sistema de financiamiento estudiantil. Pese a ambas resoluciones, desde la Tesorería General de la República han defendido la legalidad de sus actuaciones y sostienen que sus procedimientos se ajustan al marco legal vigente.
