Señor Director:
La prisión preventiva dictada contra un ex representante popular pone de manifiesto una herida profunda en nuestro tejido social: la distancia insalvable entre el discurso político y la conducta ética. Para el ciudadano de a pie, para la “Señora Juanita” que cumple con esfuerzo sus deberes y confía en el sistema, estos hechos no son meras noticias judiciales, sino actos de una gravedad tremenda.
Quien llega a un cargo por elección popular no solo administra poder, sino la fe pública. Cuando esa confianza se utiliza para beneficios personales o manejos oscuros, se rompe el contrato más sagrado de la democracia. Mientras el ciudadano común enfrenta con rectitud las dificultades de la vida diaria, el espectáculo de la falta de probidad en las altas esferas genera una sensación de injusticia que aleja irremediablemente a las personas de la participación política.
La política debe ser una vocación de servicio, no un refugio de privilegios. El discurso de servicio a la comunidad pierde toda validez cuando los actos no lo respaldan. Al final, lo que queda en la memoria no es el cargo que se ocupó, sino la integridad con la que se ejerció. Una democracia sana exige que la justicia actúe con firmeza para demostrar que la ley es igual para todos, devolviendo un poco de esa tranquilidad de conciencia que la ciudadanía hoy reclama legítimamente.
Juan de Dios Videla Caro
