Señor Director:
La Ley de Escuelas Protegidas y los cortes sugeridos en un oficio de Hacienda ocupan hoy, comprensiblemente, el debate de educación. En esta contingencia, esperamos que no se posterguen definiciones sobre la ya diagnosticada asfixia administrativa que afecta a las escuelas, que impacta directamente en la calidad pedagógica, el fortalecimiento de las comunidades y en el uso de recursos, al mantener a directivos estudiantiles atrapados en una estructura de reportabilidad que les quita tiempo para liderar procesos en entornos hoy desafiados por múltiples factores.
Darle máxima prioridad a la desburocratización, evitando que las medidas tendientes a lograrla queden subsumidas por los debates que surgen de las urgencias cotidianas, es una decisión de gestión estratégica. Tener directivos con espacio para innovar y atender reflexivamente lo que ocurre en su escuela, en vez de ocupar más de la mitad de su tiempo en burocracia -en algunos casos hasta 35 horas semanales, según datos de la Fundación Educación 2020-, no solo fortalecería la esencia pedagógica de la labor, sino que también dotaría de mayor coherencia institucional a un sistema que ya cuenta con demasiados diagnósticos.
Florencia Mingo
Directora Fundación Impulso Docente
