La entrada en vigencia de la Ley N° 21.772, que reforma el sistema notarial y registral en Chile, marca un punto de inflexión en una de las áreas donde por años la ciudadanía ha experimentado frustración, costos elevados y una burocracia difícil de justificar en tiempos digitales. No se trata de una transformación total, pero sí de avances concretos que, bien implementados, pueden mejorar significativamente la experiencia de las personas.
Durante décadas, el sistema notarial ha sido percibido como un cuello de botella, incluyendo la Región de Ñuble. Largas filas, horarios poco claros, tarifas dispares y escasa transparencia han sido parte del diagnóstico transversal. A ello se suman cuestionamientos más estructurales, como la concentración de funciones, los altos ingresos del sector y prácticas como el nepotismo en los nombramientos. La nueva normativa introduce cambios que apuntan a corregir en parte estas distorsiones.
Uno de los avances es la obligación de las notarías de transparentar sus tarifas y respetar aranceles máximos definidos por ley. Esta medida permite a los usuarios comparar precios y establece un marco de protección frente a cobros abusivos. La exigencia de cumplir horarios de atención y estándares mínimos de infraestructura responde también a una demanda básica históricamente desatendida: el respeto por el tiempo y la dignidad de las personas.
Otro elemento significativo es el fortalecimiento del rol fiscalizador del Sernac, que ahora podrá supervisar el funcionamiento de las notarías y canalizar reclamos por incumplimientos. La posibilidad de denunciar diferencias de precios, cierres anticipados o la ausencia del ministro de fe introduce un mecanismo de control que antes era difuso o derechamente inexistente.
Uno de los aspectos más valorados por la ciudadanía será la simplificación de trámites. La ley permite que diversas gestiones que antes exigían pasar por una notaría ahora puedan resolverse mediante declaraciones simples, firma electrónica avanzada o plataformas digitales. Desde permisos de vivienda hasta poderes simples para trámites ante el Estado, la reducción de barreras presenciales representa un cambio cultural relevante, alineado con las necesidades de una sociedad cada vez más digitalizada.
Asimismo, la interconexión en línea entre notarías, el Conservador de Bienes Raíces y el Servicio de Impuestos Internos abre la puerta a procesos más ágiles y menos redundantes, evitando duplicidades que históricamente han encarecido y ralentizado los procedimientos.
La reforma deja tareas pendientes. La llamada “desnotarización”, es decir, la reducción sustantiva de trámites que obligan a recurrir a una notaría, quedó fuera del texto final. Mientras el Estado siga exigiendo este paso en numerosas gestiones cotidianas, el impacto estructural de la reforma será limitado.
Aun así, hay avances evidentes. La nueva ley introduce mayor transparencia, mejores estándares de atención y herramientas concretas para simplificar la vida de las personas. El desafío ahora será su correcta implementación y fiscalización. Lo que la ciudadanía espera es simple: que los trámites dejen de ser una carga y se transformen en un servicio eficiente, accesible y acorde a los tiempos.
