Una pena de presidio perpetuo recibió Gabriel Ortiz Rubilar (47), acusado por el femicidio íntimo de su exconviviente, una mujer de 41 años y madre de una hija en común.
El condenado dio muerte a la mujer con un arma blanca el 18 de noviembre de 2024, en la comuna de San Ignacio.
A esta condena, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán sumó otra de 2 años de reclusión por el delito de desacato, pues el acusado tenía prohibición de acercarse a la víctima, tras haber sido condenado, en junio de 2023, por amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar contra la mujer.
El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, destacó que el tribunal acreditó que “Gabriel Ortiz llegó, cerca de las 22 horas del día de los hechos, hasta el domicilio de su expareja, donde la agredió con un cuchillo, causándole 21 heridas cortopenetrantes”. Todo ello, ante la presencia de otra hija de la mujer de entonces 12 años de edad.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Raúl Sanchez Escudero, descató “el trabajo científico- técnico de los detectives, quienes lograron recoger y trabajar evidencia que sirvió como medio de prueba para acreditar los hechos y la participación del acusado”.
El presidio perpetuo es la pena más alta de nuestro ordenamiento jurídico y recién a los 40 años de cumplimiento los condenados podrían optar al beneficio de la libertad condicional.
Apoyo jurídico y psicosocial
La directora regional del SernamEG Ñuble, Nicol Ulloa Castillo valoró el resultado y comentó que “como Servicio contribuimos activamente a este resultado judicial, velando por el acceso a la justicia de la familia de la víctima y porque se estableciera una pena acorde a la gravedad del delito”.
La autoridad regional agregó “hemos estado presentes desde el primer momento y durante todo el proceso judicial, acompañando a la familia en cada etapa, no solo desde lo jurídico, sino también desde el ámbito psicológico y social”.
Además, Ulloa puntualizó que el Servicio ha desplegado diversas acciones de acompañamiento, incluyendo atención psicosocial especializada para la familia de la víctima y la coordinación interinstitucional para resguardar la protección de los hijos menores de edad. En ese contexto, a través del SernamEG se gestionó la pensión de reparación en el marco de la Ley 21.565.
