El Juzgado de Garantía de Chillán decretó medidas cautelares en contra del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, en el marco de una querella por presuntos delitos de connotación sexual, iniciando así una etapa preliminar de la investigación que aún no contempla formalización.
Según la resolución judicial, el tribunal estimó que existen antecedentes suficientes para advertir un eventual riesgo para la integridad física y la indemnidad sexual de la denunciante.
El tribunal le prohibió el contacto con la víctima, por cualquier medio, incluyendo mensajería o a través de terceros, y se le impuso la obligación de firma mensual en Carabineros durante un plazo de 60 días.
Consultado por La Discusión, el alcalde Palma advierte que “las medidas cautelares no significan en ningún caso una condena. De hecho, ni siquiera aún he tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento”.
Sobre la denuncia, agregó que “rechazo categóricamente el presunto delito de abuso sexual que se me pretende atribuir. Esos hechos no son efectivos y me defenderé mediante todos los medios que la ley me otorga”.
Palma, finalmente, dijo que su defensa será financiada con recursos propios.
Por su parte, el abogado querellante, Juan Francisco Ramírez, explicó que la solicitud de cautelares se realizó de manera anticipada para resguardar a su representada. “Las evidencias y pruebas presentadas ante el tribunal lograron generar la convicción suficiente como para que el Juzgado decidiera decretar estas medidas”, sostuvo.
El jurista precisó que ya existe una investigación en desarrollo a cargo de la Policía de Investigaciones. “Es probable que se solicite una audiencia de formalización dentro de algunas semanas más”, indicó.
En el ámbito político local, las reacciones han sido cautas. El concejal Russel Cabrera comentó que el concejo municipal optó por recabar antecedentes antes de adoptar definiciones. “Solicitamos información a la Contraloría General de la República para saber qué es lo que procede”, afirmó.
Desde una postura más cercana al alcalde, el concejal Juan Guillermo Arteaga apeló a la necesidad de esclarecer los hechos con celeridad. “Esperamos que esto pueda resolverse pronto”, sostuvo, agregando que la situación impacta directamente en la confianza de la comunidad.
Por ahora, el caso se mantiene en fase investigativa prejudicial.
