El sostenido aumento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el Congreso, especialmente entre parlamentarios de regiones como Ñuble, donde el transporte rural cumple un rol esencial en la conectividad diaria.
En este contexto, se han intensificado las gestiones para evitar que el impacto de estos incrementos sea traspasado directamente a los usuarios, una situación que amenaza con golpear con mayor fuerza a las familias de sectores más aislados.
Uno de los movimientos más recientes fue encabezado por los diputados Francisco Crisóstomo e Ignacio Achurra, quienes sostuvieron una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange.
El parlamentario de Ñuble ya había manifestado previamente su preocupación en la Comisión de Obras Públicas, advirtiendo que el alza de tarifas ya se está sintiendo en distintas zonas del país, con especial crudeza en territorios rurales, donde las alternativas de movilidad son escasas o derechamente inexistentes.
Según planteó Crisóstomo, el encarecimiento del transporte no solo afecta el presupuesto familiar, sino que también tiene un impacto directo en la actividad laboral y el acceso a servicios básicos. En esa línea, insistió en la necesidad de que el Ejecutivo implemente medidas concretas de apoyo al transporte público, particularmente en su modalidad rural y escolar, en las que los costos operacionales han aumentado de manera sostenida.
Durante la cita con el ministro, el diputado abordó, además, otras materias vinculadas a la conectividad regional, como la postergada infraestructura aeroportuaria para Ñuble y la continuidad de los proyectos de conectividad digital. Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en el efecto inmediato del alza del combustible y en la urgencia de generar mecanismos que amortigüen su impacto en los usuarios.
“Insostenible”
Pese a estas gestiones, el escenario en el transporte rural sigue siendo complejo.
Desde el gremio que agrupa a operadores de distintas regiones, incluyendo Ñuble, advierten que la situación ha llegado a un punto crítico. Según señalaron, el incremento en los costos -particularmente en combustibles e insumos básicos- hace inviable mantener las tarifas actuales sin comprometer la sostenibilidad del servicio.
De hecho, en una reunión sostenida a comienzos de mes con el Ministerio de Transportes, los operadores rechazaron una propuesta de congelamiento de tarifas, argumentando que la compensación ofrecida no reflejaba la realidad económica del sector.
A su juicio, el mecanismo planteado cubriría menos del 20% del aumento de costos, lo que consideran insuficiente para evitar ajustes en los precios.
“La compensación propuesta es insuficiente, ya que no logra cubrir ni el 20% del incremento de costos asociado al alza de los combustibles en las distintas regiones”, indicaron desde el gremio, añadiendo que la intención de vincular estas medidas con subsidios ya existentes tampoco constituye una solución de fondo.
En este escenario, recalcaron que el alza de tarifas no responde a una decisión arbitraria, sino a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio.
La advertencia instala presión adicional sobre el Ejecutivo, que hasta ahora, según reconoció la ministra vocera, Mara Sedini, se encuentra evaluando alternativas de apoyo, aunque sin anuncios concretos.
Así, mientras el Gobierno analiza posibles medidas, el Congreso y los actores del sector coinciden en que el margen de acción se acorta. Las próximas reuniones entre el gremio y las autoridades serán clave para destrabar un conflicto que, de no resolverse, podría traducirse en un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios rurales y en una mayor profundización de las brechas territoriales.
