El proyecto de ley “Plan escuelas protegidas”, que busca fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales, fue presentado por el gobierno en Ñuble. Propone siete medidas ante ciertos casos concretos. Por ejemplo, si un estudiante que cruza la reja de su colegio porta arma en la mochila.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo puso sobre la mesa un paquete de medidas que ha generado apoyos, reparos y, sobre todo, preguntas en las comunidades educativas.
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Detectores de metales, revisión de mochilas y mayores atribuciones para los establecimientos educacionales forman parte del núcleo más visible de la propuesta. Pero, como suele ocurrir, el debate no está solo en las medidas, sino en cómo, y hasta dónde, aplicarlas.
Desde el Ejecutivo el énfasis no está en imponer, sino en habilitar. El seremi de Educación de Ñuble, Felipe Vogel, explicó que el objetivo es “darle más herramientas a los establecimientos educacionales para que puedan tomar decisiones según su contexto (…) No se obligará a instalar pórticos detectores ni a revisar mochilas, sino que se abrirá la posibilidad de incorporar estas medidas en los reglamentos internos, resguardando el debido proceso y los derechos de los estudiantes”.
La lógica, según plantea la autoridad, apunta a fortalecer la autonomía de cada comunidad escolar. Sin embargo, esa misma flexibilidad es la que genera inquietud en otros sectores, donde se advierte el riesgo de trasladar decisiones complejas, o potencialmente conflictiva, a directores, inspectores y profesores.
En los establecimientos, el diagnóstico es compartido, aunque las recetas no siempre coinciden. Para el director del Colegio Alemán de Chillán y exseremi de Educación de Ñuble, Felipe Rössler, “contar con más herramientas siempre suma”, especialmente en un contexto donde, a su juicio, los estudiantes presentan hoy mayores niveles de agresividad y menor disposición al diálogo.
Aun así, advierte que el impacto práctico de algunas medidas podría ser limitado. “No es una realidad tan universal como se ha instalado”, sostiene, apuntando a que “los casos más graves tienden a concentrarse en ciertos contextos”. Además, plantea dificultades operativas: controlar el ingreso de cientos de estudiantes en pocos minutos, revisar mochilas o reaccionar ante una alarma no es, en la práctica, una tarea sencilla.
Recuperar la autoridad
Una de las frases que se reiteraron en el punto de prensa apuntó a la necesidad de “recuperar la autoridad de los profesores”.
Conforme al titular del Colegio Alemán, “sí, es cierto ha perdido completamente, y en parte por los propios apoderados, que tienden a justificar conductas inapropiadas de sus hijos, debilitando el rol formativo del profesorado”.
Esa mirada es compartida por Marisol Contreras, especialista en gestión educacional y exdirectora de la Escuela Reyes de España de Chillán, quien considera que las medidas son “necesarias” en un escenario donde la seguridad se ha vuelto condición básica para el aprendizaje. “La autoridad del profesor se perdió, y se perdió mucho. Y sin un entorno seguro y de respeto a la autoridad, el proceso educativo no puede ocurrir”, plantea.
La profesora valora que se entreguen nuevas herramientas, especialmente considerando que no todos los establecimientos enfrentan la misma realidad. Sin embargo, advierte que “su implementación debe ir acompañada de protocolos claros, tanto internos como externos, que orienten la acción frente a situaciones críticas”.
Subraya que la participación de los apoderados es clave. “El reglamento de convivencia escolar se construye con ellos”, recuerda, apuntando a que la corresponsabilidad puede reducir tensiones al momento de aplicar medidas más invasivas, como la revisión de pertenencias.
El fondo del problema
Desde el mundo político, en tanto, el diputado Felipe Caamaño introduce una mirada más crítica. Si bien reconoce la necesidad de actuar frente a la violencia escolar, advierte que el proyecto “no ataca el fondo del problema” y lo califica como un conjunto de medidas paliativas.
A su juicio, el foco debiera estar en la crisis de salud mental que afecta a niños y jóvenes, especialmente desde la pandemia, y en la falta de herramientas reales para que los docentes enfrenten situaciones complejas. También cuestiona la carga que estas medidas podrían implicar para los funcionarios, quienes no necesariamente cuentan con la preparación para intervenir en escenarios de riesgo.
Las cifras regionales refuerzan la preocupación. En Ñuble, durante 2025 se registraron 186 denuncias de maltrato en comunidades escolares, un dato que, si bien muestra una leve baja, sigue siendo considerado grave por las autoridades y las familias.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, su director ejecutivo, Claudio Guíñez, opta por la cautela institucional, aunque valora que toda herramienta que fortalezca la convivencia escolar es bienvenida. En paralelo, destaca el trabajo que ya se realiza en el territorio para acompañar a los establecimientos en la actualización de sus reglamentos, promoviendo que cada comunidad defina sus propias normas según su contexto.
