En el marco de un encuentro encabezado por la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, se divulgaron los resultados del estudio “No hay backlash (reacción adversa) contra la paridad”, una investigación que analizó cómo la ciudadanía chilena percibe la participación de mujeres en espacios de decisión política y su impacto en la legitimidad democrática.
El estudio fue desarrollado por las académicas Jennifer Piscopo y Julieta Suárez-Cao, quienes replicaron en Chile un experimento comparado aplicado previamente en 12 países.
La investigación se basó en una encuesta experimental aplicada a 841 personas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, en un contexto marcado por el ciclo electoral presidencial y el debate sobre representación política.
El diseño del estudio consistió en presentar a los encuestados una noticia ficticia sobre una comisión del Congreso, cuya composición variaba entre tres escenarios: integrada exclusivamente por hombres, con equilibrio de género alcanzado de manera natural, o paritaria mediante una regla obligatoria. Asimismo, los casos abordaban distintas materias, desde acoso sexual laboral hasta bienestar animal, con el objetivo de medir la percepción ciudadana en distintos contextos.
No hay “castigo” a las reglas de paridad
Los resultados muestran que no existe evidencia de rechazo hacia la paridad, incluso cuando ésta se implementa a través de normas. Por el contrario, las comisiones con presencia equilibrada de mujeres y hombres son evaluadas como más legítimas que aquellas compuestas solo por hombres, tanto en el contenido de sus decisiones como en los procedimientos utilizados para adoptarlas.
En términos de legitimidad sustantiva -esto es, la evaluación del contenido de las decisiones-, las instancias paritarias obtuvieron mejores valoraciones, especialmente en temas vinculados a derechos de las mujeres.
Sin embargo, el efecto también se mantiene en materias generales, lo que sugiere que la inclusión de mujeres tiene un impacto transversal en la percepción de calidad de las decisiones públicas.
El hallazgo más relevante se observa en la legitimidad procedimental. Las comisiones paritarias fueron consideradas más justas, confiables y dignas de respeto, independientemente de si la paridad se alcanzó de forma voluntaria o mediante cuotas.
Este resultado descarta la hipótesis de un eventual “castigo” ciudadano a las reglas de paridad, una de las principales críticas a este tipo de mecanismos.
La investigación también identifica un contexto favorable en la ciudadanía chilena. La mayoría de las personas encuestadas manifiesta posturas neutrales o positivas frente a la igualdad de género, mientras que un 76% reconoce la existencia de cuotas en el país. Este escenario sugiere que la paridad no solo es comprendida, sino también aceptada como parte del funcionamiento democrático.
Avanzar hacia mecanismos permanentes
El perfil de la muestra incluyó un 63% de mujeres y un 36% de hombres, con una mayoría de personas menores de 54 años y una distribución ideológica equilibrada. Además, un 45% de los encuestados pertenecía a la Región Metropolitana, lo que permitió capturar percepciones diversas dentro del electorado.
En términos interpretativos, el estudio plantea que lo que afecta negativamente la legitimidad no es la existencia de reglas de paridad, sino la exclusión de mujeres en la toma de decisiones. De esta manera, la evidencia sugiere que avanzar en mecanismos de representación equilibrada no solo responde a criterios de justicia, sino que también fortalece la confianza en las instituciones.
Las conclusiones adquieren especial relevancia considerando que la actual normativa de cuotas de género en Chile -que limita a un 60% las candidaturas de un mismo sexo- se encuentra vigente hasta 2029.
En ese contexto, la investigación advierte que su eventual eliminación podría significar un retroceso en la representación política femenina.
El estudio plantea así la necesidad de avanzar hacia mecanismos más permanentes y robustos, así como extender la paridad a otros niveles de representación, como municipios y gobiernos regionales.
En un escenario de creciente desconfianza en las instituciones, los resultados sugieren que la inclusión de mujeres no solo no debilita la democracia, sino que constituye un factor clave para su fortalecimiento.
