Diversas opiniones han surgido respecto de los efectos de la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. La iniciativa, anunciada por el nuevo gobierno, es una de las 40 medidas que se espera acelere la recuperación económica y fortalezcan a las instituciones para desarrollar la inversión y empleo en el país. Los críticos han reparado en la menor recaudación que impactará negativamente el presupuesto de la nación para financiar el gasto social. Los menos críticos, si bien reconocen una menor recaudación en el corto plazo, defienden la medida por el impacto en elevar el Producto Interno Bruto en el largo plazo.
Independiente de la postura que tengan partidarios y detractores de las 40 medidas del Plan de Reconstrucción, se debe reconocer que son poco incidentes en la actividad económica de regiones históricamente rezagadas. Es decir, el país puede crecer, pero se mantendría el desequilibrio territorial en materia de actividad económica. En otras palabras, las medidas pueden acelerar el crecimiento económico del país, pero con mayores brechas en la desigualdad de generación y acumulación de riqueza en los territorios y sus habitantes.
En los albores del proceso descentralizador de Chile, del cual fui un activo simpatizante como integrante del directorio fundador de la Fundación ChileDescentralizado, se pensaba en generar una gobernanza a nivel regional que permitiera activar el potencial de generación de riqueza de cada lugar de las 16 regiones del país. Junto con esa gobernanza, se pensaba que era necesario que las regiones dispusieran de los recursos para concentrar sus esfuerzos en desarrollar dichas potencialidades. Para ello, se logró crear la figura del gobernador regional – elegido por votación popular – y se empezó a trabajar en los proyectos de ley que permitieran transferir los recursos fiscales. En palabras simples, la orquesta del desarrollo económico con director y músicos con autonomía para interpretar distintas partituras en cada región del país.
Pero, como toda obra humana, el proyecto de descentralización presentó fallas. Primero, los gobernadores no asumieron su rol de directores de orquesta. Se concentraron en mostrar avances de su gestión con objetivos electorales (repartir migas para atraer palomas). Por su parte, el Estado no estaba dispuesto a soltar la billetera fiscal (pérdida de poder y falta de garantías para el buen uso de los recursos públicos). Respecto de esto último, lo ocurrido con las fundaciones, de alguna manera le dio la razón al gobierno central.
Bajo esta mirada, las 40 medidas, siguen bajo una lógica centralista, con las fichas puestas en la inversión en sectores tradicionales. Por el momento, en dichas medidas no se observa el interés del Ejecutivo en promover políticas de desarrollo que se construyan a partir de las realidades del territorio. Por ejemplo, el hormigón de arena botánica permite usar la arena del desierto para la construcción de viviendas e infraestructura del país. Incentivos tributarios, fortalecimiento de la infraestructura portuaria para cabotaje, infraestructura ferroviaria para el transporte desde los puertos a zonas de acopio son, entre otras medidas, una mirada de desarrollo de vastas extensiones de zonas desérticas. La ruralidad es otro de los sectores económicos postergados. No hay voluntad para el diseño de un conjunto de herramientas que permitan a las regiones poder desarrollar sus ventajas competitivas, concatenando la producción agrícola con la política pública para la inversión pública y privada para el desarrollo de la agroindustria de exportación.
Renato Segura
Profesor Ingeniería Comercial USM
