Una fuerte controversia se desató en Argentina luego de que la justicia decidiera frenar parcialmente la aplicación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
El fallo fue dictado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió suspender de manera provisoria 82 de los 218 artículos que contempla la normativa aprobada por el Congreso en marzo pasado. La decisión se adoptó tras acoger una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país.
En su resolución, el magistrado argumentó que existen indicios de “regresividad” en materia laboral, además de posibles vulneraciones a principios constitucionales y riesgos de daños irreparables para los trabajadores. Entre los puntos más sensibles, el fallo cuestiona artículos que limitan el derecho a huelga, establecen restricciones a las asambleas sindicales y contemplan sanciones contra organizaciones gremiales, incluso la eventual pérdida de su personería jurídica.
Asimismo, la medida judicial suspende disposiciones que afectan la negociación colectiva y aquellas que introducen cambios relevantes en el régimen laboral, como modificaciones en los períodos de prueba, el cálculo de la antigüedad y el sistema de indemnizaciones.
Otro aspecto clave es que el fallo deja sin efecto, de manera temporal, la derogación de la ley de teletrabajo, además de normas que reducían la responsabilidad de las empresas que subcontratan servicios y que clasificaban como “prestadores independientes” a trabajadores de plataformas digitales.
Desde el gobierno argentino, el Ministerio de Capital Humano reaccionó anunciando que apelará la decisión judicial. A través de un comunicado, la cartera aseguró que se agotarán todas las instancias legales para asegurar la plena vigencia de la reforma, calificándola como una expresión clara de la voluntad legislativa y del programa de gobierno.