Fue en una reunión sostenida durante este jueves, entre el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que la autoridad regional le solicitó al secretario de Estado que los recortes económicos anunciados por el actual Gobierno no paralicen aquellas obras que ya se encuentran en proceso de licitación.
Y una por las que pidió especial atención fue por el cuartel de la PDI, infraestructura cuya gestión se viene trabajando en los últimos años. Tras la cita, y conforme a lo explicado por el gobernador a La Discusión, se definió que “esta y las otras obras van a seguir su curso normal”.
La preocupación de Crisóstomo se fundamenta en los anuncios de recortes presupuestarios y suspensión de recursos para financiar programas de seguridad, como el Plan Calles sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el programa “Somos Barrio Prioritario”, lo que le brindaba mayores facultades y herramientas a las municipalidades.
Las vocerías oficiales han explicado que este ajuste fiscal obligatorio responde a una reducción presupuestaria general del 3% ordenada para ministerios, según información reportada en marzo de 2026, los que además, daban cuenta de leyes creadas sin los respaldos presupuestarios, o contratos para renovación del parque vehicular policial, que aún no contaban con el visto bueno de Contraloría.
Más allá de las explicaciones oficiales, las medidas han generado diversas reacciones entre las autoridades y parlamentarios de la zona.
A primera hora, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, aclaró que el Plan Calles Sin Violencia no estaba necesariamente cancelado en la región, sino que se estaba realizando un monitoreo permanente “para resguardar que iniciativas prioritarias en materia de seguridad, como el plan Calles sin Violencia y los proyectos de infraestructura policial, puedan continuar su implementación en la Región de Ñuble sin afectar su objetivo principal, que es fortalecer la seguridad de las personas”.
En cuanto a la planificación de obras para Carabineros en Ñuble, agregó que “hasta ahora no existe una confirmación de afectaciones específicas en la región, y cualquier decisión se va a comunicar oportunamente, siempre priorizando la continuidad de las acciones en curso”.
Apoyo y críticas a la medida
Dentro del ámbito legislativo, la visión de los parlamentarios de la zona asoma opuesta tras el anticipo del recorte presupuestario para este tipo de materias.
El senador Gustavo Sanhueza comentó a La Discusión que “el Gobierno está tratando de compatibilizar dos objetivos de política pública. Por un lado, cumplir con la emergencia en seguridad como prioridad uno, y por otra parte, sanar el estado de las finanzas públicas, partiendo por el ajuste del 3 por ciento en todas las carteras”.
Aunque opta por esperar los informes que desde el Interior y Seguridad preparan para el Senado en materia de gestión por seguridad, antes de profundizar en opiniones, sí secunda la postura oficialista en cuanto a que “los rezagos con los que nos dejó el gobierno anterior, producto de una mala gestión, obligan al Ejecutivo a ordenar las cuentas, evaluar inversiones y programas y adoptar las mejores decisiones, sin afectar los objetivos en seguridad”.
En tanto, el diputado Felipe Caamaño se mostró distante de la estrategia gubernamental.
“Es impresentable que se reduzca el presupuesto, por ejemplo, en el Plan Contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia, que afectará directamente a las policías y por ende a la prevención de los delitos de mayor connotación social, y que junto con ello no exista una propuesta o un plan que compense esta merma en el presupuesto de seguridad”, planteó.
Caamaño solicitó vía oficio al Ministerio de Hacienda excluir de este recorte presupuestario a esta y otras carteras, “considerando en ello la sensibilidad que presentan para la ciudadanía y siendo las que concentran la mayor cantidad de necesidades que afectan a los chilenos y que afectan su calidad de vida”.
En cuanto al Plan Nacional contra el Crimen Organizado, se anunció la disminución de $583 millones. Mientras que el plan Calles Sin Violencia habrá una reducción de $1.787 millones, fundamentalmente de montos suscritos con las policías y se reduce el proyecto Barrios Prioritarios, $3.525 millones, que es un convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
