El anuncio de un alza histórica en los combustibles -con incrementos de hasta $370 por litro en gasolinas y cerca de $580 en el diésel- no solo encendió los tableros económicos, sino que también agitó el escenario político nacional y regional.
El denominado “bencinazo” del gobierno de José Antonio Kast, comunicado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, marca un punto de inflexión en la gestión económica del Ejecutivo, abriendo un debate que cruza responsabilidad fiscal, impacto social y coherencia política.
La medida, justificada en el alza sostenida del petróleo a nivel internacional y en el deterioro de las arcas fiscales, apunta a sincerar los precios internos mediante ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Sin embargo, el efecto inmediato ha sido una polarización que tensiona tanto al oficialismo como a la oposición, en un contexto en el que el costo de la vida ya venía en aumento.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que mantener los precios artificialmente bajos implicaba un gasto semanal cercano a los US$140 millones, cifra que, según Hacienda, resulta insostenible.
Pero el argumento técnico no ha logrado amortiguar el impacto político. En el Congreso, las primeras reacciones evidenciaron un choque de visiones: mientras sectores oficialistas apelan a la herencia fiscal y a la crisis internacional, la oposición acusa una transferencia directa del costo a las familias.
“El costo lo paga la ciudadanía”
En Ñuble, las reacciones reflejan ese quiebre.
El diputado ind.-DC, Felipe Camaño fue categórico al sostener que “usar el vehículo no es un privilegio, es una necesidad”, advirtiendo que eliminar el Mepco “encarece la vida para todos los chilenos, sin excepción”.
A su juicio, “cuando las decisiones se alejan del sentido común, no es la política la que paga el costo, es la ciudadanía”.
También desde la vereda opositora, el diputado socialista, Francisco Crisóstomo, reforzó el impacto social de la medida.
“Este alza en los combustibles no son solo cifras, son un golpe directo al bolsillo de las familias”, dijo, afirmando que el efecto se verá en “el transporte, en los alimentos y en cada gasto del día a día”.
En tanto, el Partido Comunista de Ñuble calificó el ajuste como una “decisión política deliberada” que “traspasa íntegramente el costo de la crisis a las familias trabajadoras”, advirtiendo que el alza generará un “efecto dominó” en los precios, y que constituye “un impuesto encubierto”.
“El Estado no tiene espalda”
Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Sara Concha defendió la medida, manifestando que “el Estado no tiene espalda para seguir amortiguando completamente el precio de los combustibles”, y que el Mepco “implica costos millonarios que se vuelven insostenibles”, destacando además las medidas de mitigación anunciadas.
En una posición más matizada, el diputado RN Carlos Chandía calificó el escenario como “en extremo preocupante”, reconociendo que “el alza les pega a todos los chilenos, en especial a la clase media”.
Recalcó que “la protección de las familias chilenas debe estar por delante” y que será clave ampliar los apoyos para contener el impacto.
La preocupación de los gremios
En paralelo, los efectos económicos ya comienza a sentirse en los gremios locales.
Juan Campos, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Ñuble, advirtió que el sector se mantiene en “compás de reflexión”, señalando que “el aporte anunciado por el gobierno es una ayuda, pero es insuficiente”.
Más crítico fue Humberto Llanos, presidente de la Asociación de Taxibuses de Chillán, quien sostuvo que “no esperábamos un alza tan considerable en nuestro principal insumo”, enfatizando que “acá se necesita liquidez” y que no pueden traspasar el costo a los usuarios por el congelamiento tarifario.
Desde el comercio, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, advirtió que “esto va a repercutir en el consumidor” y que se proyecta una caída en el consumo, con posibles efectos en el empleo y en la actividad económica local.
En el sector agrícola, el diagnóstico es aún más complejo. Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, calificó el anuncio como “un golpe bastante fuerte”, resaltando que “un alza de quinientos setenta pesos el litro va a afectar tremendamente los costos de producción”, en un escenario que definió como “la tormenta perfecta”.
“Chile sale adelante”
El gobierno presentó el Plan Chile Sale Adelante para enfrentar el alza de los combustibles, el cual consta de ocho puntos.
1.Congelamiento de tarifas del Sistema Red (ex Transantiago). Respecto del transporte público de Santiago, el Sistema Red (ex Transantiago) tendrá un congelamiento de sus tarifas hasta el 31 de diciembre de 2026.
2.Recursos para el transporte público de regiones. El Gobierno dispondrá recursos para contener el alza de los pasajes del transporte público en regiones.
3.Congelamiento del precio de la parafina. El precio de la parafina se congelará en el valor que registró en febrero de 2026 (menor que el actual) hasta fines del invierno. Para esto, ya se envió un proyecto de ley con discusión inmediata al Congreso, el que buscará reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde los 5 millones de dólares actuales a 60 millones de dólares.
4.Subvención a taxis y taxis colectivos. Se entregará una subvención de $100.000 mensuales para taxis y colectivos por hasta 6 meses. Esta medida se encuentra sujeta a su tramitación en el Congreso.
5.Crédito preferencial para acceder a la electromovilidad. BancoEstado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la electromovilidad.
6.Seguridad para el transporte de carga. Se aplicarán medidas de seguridad con el fin de proteger el transporte de carga en ruta y sitios de descanso.
7.Suspensión del crédito diferenciado al impuesto específico. El Plan Chile Sale Adelante considera la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas. A estas empresas se les aplicará el régimen que tienen los transportistas, medida que depende de su tramitación en el Congreso.
8. Plan de Reconstrucción Nacional sigue en marcha. El Gobierno está comprometido con hacer frente a la compleja situación actual sin afectar los beneficios sociales.
