La recuperación de los espacios públicos es una necesidad urgente en ciudades como Chillán. Lo que ocurre en Avenida Los Puelches, en las inmediaciones del persa San Rafael, no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una tensión persistente entre el uso legítimo del espacio común y su ocupación desregulada por actividades informales que, con el tiempo, han derivado en focos de incivilidad y delito.
Durante décadas, el comercio ambulante en este sector fue tolerado bajo una lógica comprensiva: la necesidad de generar ingresos en contextos de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que comenzó como una alternativa económica terminó por consolidarse como una ocupación masiva, desbordada y, en muchos casos, violenta. Más de mil personas instalándose sin autorización, bloqueando accesos, utilizando antejardines privados, generando ruidos desde la madrugada y dejando basura tras cada jornada, no solo afecta la calidad de vida de los vecinos, sino que también erosiona el principio básico de convivencia urbana.
En este contexto, el reciente anuncio de despliegue de Carabineros en Avenida Los Puelches, basado en análisis delictual y denuncia ciudadana, representa una señal clara de que el Estado no puede seguir ausente. Los servicios de copamiento, controles de identidad, fiscalizaciones permanentes y apoyo de unidades especializadas apuntan en la dirección correcta: recuperar el orden, garantizar el libre tránsito y devolver la seguridad a un sector que por años ha estado en disputa.
La experiencia comparada dentro de la propia ciudad ofrece una lección valiosa. Lo ocurrido en Diagonal Las Termas, donde el comercio fue ordenado, regulado y reubicado, demuestra que es posible compatibilizar la actividad económica con el respeto al espacio público. Si bien persisten desafíos —como la infraestructura adecuada para enfrentar el invierno—, los avances en términos de tránsito, limpieza y percepción de seguridad son evidentes.
El caso de Los Puelches exige una intervención más profunda y sostenida. No basta con operativos esporádicos. Se requiere una estrategia integral que combine presencia policial permanente, fortalecimiento de las capacidades municipales de fiscalización, generación de alternativas formales para quienes hoy ejercen el comercio informal y, sobre todo, una señal política clara de que el espacio público no puede ser capturado por intereses particulares.
Es comprensible que exista temor a las reacciones de grupos que han normalizado esta ocupación. También es cierto que hay historias de esfuerzo detrás de muchos de estos comerciantes. Pero ninguna de esas consideraciones puede justificar la vulneración sistemática de derechos de terceros: vecinos que no pueden salir de sus casas, familias que ven deteriorado su entorno, o comerciantes establecidos que compiten en condiciones desiguales.
Recuperar las veredas de Avenida Los Puelches no es solo una cuestión de orden urbano; es un acto de justicia con quienes han debido soportar por años una situación que el propio municipio reconoce como inabordable sin apoyo policial. Es, además, una oportunidad para reconfigurar la relación entre la ciudad y sus espacios comunes, entendiendo que estos deben ser seguros, accesibles y regulados.
