La inminente aprobación de la ley que regula la extracción de áridos en Chile marca un avance significativo en una actividad que, pese a su relevancia para la construcción y el desarrollo de infraestructura, durante décadas operó bajo un marco normativo fragmentado y débil. El proyecto se encuentra a un paso de convertirse en ley luego de que la Sala del Senado aprobara por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas cámaras. Solo resta el pronunciamiento final de la Cámara de Diputadas y Diputados para que la iniciativa sea remitida al Presidente de la República y se promulgue como ley de la República.
La nueva normativa busca establecer un marco regulatorio claro y único para la extracción de áridos en cauces naturales no navegables por buques de más de 100 toneladas y en sus zonas anexas. Entre otros aspectos, regula el certificado de origen del material, la trazabilidad de las faenas, las zonas de prohibición o restricción, los procedimientos de fiscalización y los planes de cierre de las explotaciones.
La actividad de extracción de áridos es esencial para el desarrollo urbano y las obras públicas. Sin embargo, cuando no existe control adecuado, puede provocar graves alteraciones en los cauces de los ríos, afectar ecosistemas, dañar infraestructura hidráulica y aumentar el riesgo de inundaciones. Por ello, el desafío de la nueva ley será lograr un equilibrio entre la necesidad de abastecer de materiales al sector de la construcción y la obligación de resguardar el patrimonio natural y la seguridad de las comunidades.
Este desafío resulta especialmente evidente en regiones como Ñuble. En los últimos años, los conflictos vinculados a la extracción de áridos se han multiplicado en distintos puntos de la región, particularmente en los ríos Itata, Diguillín y Ñuble. Comunidades ribereñas, agricultores y organizaciones locales han denunciado impactos ambientales, deterioro de la calidad de vida y daños en las bocatomas de canales de riego producto de faenas que, según sostienen, no siempre han contado con controles adecuados.
En este contexto, la nueva ley representa una oportunidad para ordenar una actividad que hasta ahora ha estado marcada por vacíos normativos y conflictos territoriales. Pero su éxito no dependerá únicamente del texto legal. Será fundamental que las instituciones cuenten con capacidades reales de fiscalización, que exista coordinación entre los distintos organismos involucrados y que se garantice una participación efectiva de las comunidades en los procesos de evaluación y autorización de proyectos.
De lo contrario, la promesa de una regulación moderna podría quedar solo en el papel. La protección de los ríos y la convivencia entre desarrollo productivo y sustentabilidad exigen algo más que buenas leyes: requieren voluntad política, controles efectivos y una mirada territorial que considere a quienes viven junto a estos cauces y dependen de ellos. Solo así esta esperada normativa podrá traducirse en un verdadero avance para el país y para regiones como Ñuble, donde la relación entre los ríos, la actividad económica y la vida de las comunidades es especialmente estrecha.
