El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó una serie de medidas en materia educacional como parte del megaproyecto de reconstrucción anunciado el fin de semana. Entre las propuestas destacan no respaldar el Fondo de Educación Superior (FES) impulsado por la administración anterior, limitar la gratuidad universitaria y fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Según explicó el Ejecutivo, estas iniciativas buscan aumentar la recaudación fiscal frente al déficit de 3,6% del Producto Interno Bruto heredado del gobierno anterior. Los recursos permitirían financiar parte del plan de reconstrucción habitacional en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, cuyo costo ha sido estimado en mil millones de dólares.
Una de las medidas contempla limitar la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que quienes actualmente cuentan con este beneficio no lo perderán, ya que la restricción se aplicaría solo a quienes ingresen al sistema una vez que la ley entre en vigencia.
La autoridad también precisó que la limitación no afectará a quienes opten por carreras técnicas, considerando que muchas personas acceden a este tipo de estudios después de haber trabajado o formado una familia.
Descarta el FES
Respecto al financiamiento estudiantil, el ministro confirmó que la administración Kast no apoyará el proyecto de Fondo de Educación Superior promovido durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, iniciativa que buscaba reemplazar el CAE por un sistema de pago al Estado una vez que los egresados comenzaran a trabajar.
En cuanto al CAE, Quiroz advirtió que existe una elevada deuda impaga que actualmente alcanza cerca de cuatro billones de pesos. Según indicó, parte importante corresponde a profesionales con altos ingresos que no han cumplido con sus pagos, pese a los mecanismos de retención existentes.
Ante este escenario, el Gobierno propone implementar un sistema de descuento por planilla para asegurar el pago de las obligaciones y evitar que estos recursos sigan afectando el gasto social del país.
