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Chillán Viejo genera ordenanza que exige mayores restricciones en emisión de olores a Ecobío y Maxagro

SMA

Atiende junto a un niño de no más de dos años de edad. Tras suyo una casa de madera con las ventanas cubiertas por mosquiteros improvisados con material reciclable.

“Yo me debo gastar, sin mentirle, como un envase de Tánax cada dos días, porque el tema de las moscas es insoportable. Acá tenemos moscas hasta cuando llueve”, comenta Alejandra Valle, vecina del sector de Nebuco, en la comuna de Chillán Viejo, en un punto intermedio entre las empresas Maxagro y Ecobío.

La primera, trabaja como criadero de cerdos, y la segunda es la empresa de deshechos de residuos domiciliarios  e industriales que recibe material no solo de Ñuble, sino de otras regiones aledañas.

Respecto a los olores, añade que “a mí me hubiese gustado que usted hubiese venido como a las 8 de la tarde, porque de ahí ya es de toda la noche, hasta como las 8 ó 9 de la mañana, realmente muy desagradable, y es una cuestión de todo el año”.

Ese mismo relato los repiten otros vecinos, como Rachel Bravo o Luis Alarcón, conocido por todo el sector por ser el dueño del local de venta de alcoholes y abarrotes que por estar a la vista, en la Ruta del Itata, es casi el hito de Nebuco.

Ambos agregan detalles como “esto pasa como cuatro de los siete días a la semana” o “la gente cree que uno es capaz de acostumbrarse a esto, pero no. Lo que pasa es que ya compramos acá y nadie tiene como para comprarse una casa en otra parte”.

Se trata, al fin y al cabo, de una historia vieja y de un verdadero bucle de testimonios similares que se vienen repitiendo desde el siglo XX.

La novedad, entonces, llega desde la Municipalidad de Chillán Viejo y con un aspecto técnico que resultaría clave en adelante.

“Las sanciones son muchas, para ambas empresas, pero con eso no se ha conseguido nada ya que la normativa, que se instauró de manera unilateral por parte de las autoridades de la época, fijaron el límite de emisión de malos olores en puntos más elevados que en otros países, e incluso, que en otras regiones. Y nosotros decidimos cambiarlo”.

Las palabras son del alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, en referencia a la última reunión de Concejo Municipal, en la que se acordó modificar la normativa y exigir que del límite anterior (8 unidades de olor) en emisión de olores, “se bajara a 5, que es la norma de los países modernos y permitido acá en el país”, aclara el alcalde.

Esto exigirá de nuevos métodos de control y de la adquisición de mayor tecnología por parte de las empresas, de lo contrario habrá más herramientas para sancionarlas.

“Y si por mí fuera, yo las clausuraría”, advierte el jefe comunal.

Nuevas sanciones

Los episodios de malos olores que desde hace años afectan a distintos sectores de Chillán y Chillán Viejo volvieron a instalarse en el debate público durante las últimas semanas, luego de nuevas fiscalizaciones ambientales y sanitarias, la formulación de cargos contra la empresa de tratamiento de residuos Ecobio, S. A., y la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán por parte de ambos municipios, en enero.

Las acciones se producen tras una serie de denuncias ciudadanas registradas durante el verano, las que apuntan a episodios persistentes de olores molestos percibidos en distintos horarios del día y en varios sectores de la intercomuna.

En este contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la empresa, operadora del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA), emplazado en el fundo Las Cruces, en la comuna de Chillán Viejo.

El recinto está destinado al tratamiento y disposición final de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, provenientes de distintas zonas del país.

Según los antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, la empresa habría estado operando bajo condiciones significativamente distintas a las evaluadas durante su aprobación ambiental, lo que motivó la apertura de un procedimiento sancionatorio.

De acuerdo con el análisis preliminar de la SMA, uno de los principales hallazgos dice relación con la recepción de volúmenes de residuos superiores a los autorizados originalmente en la evaluación ambiental del proyecto.

Esta situación habría generado una operación sostenida por sobre la capacidad aprobada para el complejo.

También se detectaron otras situaciones que forman parte de los cargos formulados por la autoridad ambiental, como la disposición de residuos a alturas mayores a las permitidas en la evaluación ambiental original, además de la operación del sistema de manejo de lixiviados en condiciones de sobrecarga.

Los lixiviados corresponden a líquidos que se generan cuando el agua se filtra a través de los residuos depositados en los rellenos, arrastrando distintos compuestos presentes en ellos. Por esta razón, su manejo constituye uno de los aspectos más relevantes en este tipo de instalaciones.

En el caso del complejo investigado, los fiscalizadores también constataron filtraciones y afloramientos de lixiviados fuera del área de confinamiento, lo que podría ampliar el área de impacto ambiental más allá de lo evaluado inicialmente en el proyecto.

Según la SMA, estas condiciones podrían modificar de manera sustantiva los impactos ambientales del recinto, particularmente en relación con la posible afectación de suelos y aguas subterráneas del entorno.

Emisiones de olor

Uno de los aspectos más relevantes del proceso sancionatorio dice relación con las emisiones de olores asociadas al funcionamiento del centro de tratamiento.

Durante la evaluación ambiental del proyecto —aprobada mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2019— se concluyó que las emisiones odorantes generadas por el recinto no alcanzarían a receptores sensibles, como viviendas cercanas.

Sin embargo, antecedentes posteriores incorporados al expediente administrativo muestran un escenario distinto.

Un informe presentado por la propia empresa en 2025 estimó una tasa de emisión odorante significativamente mayor a la considerada en la evaluación ambiental original, con un incremento superior al 300%.

De acuerdo con la modelación de dispersión de olores realizada en ese estudio, el impacto potencial podría extenderse a una superficie mayor a la proyectada inicialmente, alcanzando a diversos receptores externos al recinto.

En ese análisis se identificaron al menos cinco puntos ubicados fuera del predio que presentarían superaciones del criterio de referencia utilizado para evaluar molestias por olor. En algunos casos, los valores detectados alcanzarían hasta 17 unidades de olor.

El expediente también reúne múltiples denuncias ciudadanas registradas entre los años 2019 y 2025, en las que vecinos reportan episodios reiterados de malos olores e incluso presencia de vectores como moscas en viviendas cercanas al recinto.

Con estos antecedentes, la SMA concluyó preliminarmente que la operación actual del complejo presentaría impactos odorantes más extensos, intensos y persistentes que los evaluados originalmente durante la tramitación ambiental del proyecto.

Por esta razón, el principal cargo formulado por la autoridad fue calificado como infracción gravísima, al estimar que el proyecto habría sido ejecutado bajo condiciones distintas a las aprobadas y sin haber sido sometido a una nueva evaluación ambiental.

Adicionalmente, la SMA formuló un segundo cargo por incumplimientos en el monitoreo de aguas subterráneas, debido a la omisión reiterada de parámetros exigidos para evaluar la calidad del recurso hídrico.

Sumario sanitario

En paralelo al proceso sancionatorio ambiental, la Seremi de Salud de Ñuble inició un sumario sanitario luego de realizar una fiscalización conjunta con la SMA.

La inspección se realizó tras recibir diversas denuncias ciudadanas por episodios de malos olores percibidos en horas de la mañana en sectores de Chillán y Chillán Viejo.

Durante la fiscalización se detectaron deficiencias sanitarias relacionadas con la cobertura de residuos en uno de los frentes de trabajo del relleno sanitario, además de la presencia de vectores.

En base a estos antecedentes, la autoridad sanitaria inició un proceso por eventuales incumplimientos al decreto que regula el manejo de rellenos sanitarios, además de otras disposiciones del Código Sanitario.

Consultados al respecto de este proceso, desde el canal de comunicaciones de Ecobio, optaron por no referirse al tema, toda vez que están dentro del plazo para hacer sus descargos ante el tribunal.

En el mismo contexto también fue fiscalizado un plantel porcino Maxagro, ubicado en la comuna de Chillán Viejo, luego de denuncias que lo vinculaban con los episodios de malos olores registrados en la intercomuna.

De acuerdo con lo informado por la autoridad sanitaria, durante la inspección no se detectaron deficiencias sanitarias que permitieran atribuir directamente al recinto las denuncias ciudadanas.

De todas formas, la Superintendencia del Medio Ambiente aplicó una medida provisional que limita el riego con digestato derivado de purines de cerdo mientras continúan los análisis técnicos sobre el origen de los episodios.

El coordinador regional de la SMA, Cristian Lineros, explicó que el organismo mantiene un procedimiento sancionatorio en curso contra Ecobio y que el objetivo de estas acciones es determinar responsabilidades y eventuales medidas correctivas.

Según indicó, “estos procesos administrativos buscan establecer si las condiciones de operación de las instalaciones investigadas se ajustan a lo aprobado en sus respectivas evaluaciones ambientales.

Recurso de protección

El conflicto también escaló al ámbito judicial.

A comienzos de este año, los alcaldes de Chillán y Chillán Viejo interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, argumentando que los episodios de malos olores afectan el derecho de los habitantes de la intercomuna a vivir en un ambiente libre de contaminación.

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, comentó que si bien las sanciones administrativas constituyen un avance, lo fundamental es que se produzcan cambios concretos en la forma en que operan las empresas vinculadas a estos episodios.

“Más allá de las multas económicas que puedan aplicarse, nos interesa que esta intervención se traduzca en cambios reales en la forma de hacer las cosas, porque se trata de una situación que impacta en la salud y calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, sostuvo que el problema se arrastra desde hace varios años y que las comunidades han manifestado reiteradamente su preocupación por los episodios de olores.

La autoridad comunal planteó además que, a su juicio, los estándares normativos deberían ser más exigentes en relación con la medición de olores, señalando que las comunidades han planteado la necesidad de reducir los niveles permitidos por la normativa vigente.

Respuesta de Maxagro

Desde la empresa Agrícola y Ganadera Chillán Viejo (Maxagro), explicaron que sus operaciones cumplen con la normativa vigente y descartaron que el plantel porcino haya sido la fuente de los episodios denunciados durante las últimas semanas.

La empresa indicó que durante el verano realizó más de 500 monitoreos técnicos con el objetivo de identificar el origen de los olores percibidos por vecinos en distintos horarios y según los resultados de ese análisis, en más del 90% de los casos los episodios detectados no podrían vincularse con la operación del plantel porcino.

Es importante aclarar que muchos de los días de denuncias no se estaban realizando labores de riego en el plantel. Por otra parte, las modelaciones hechas por terceros demuestran que se cumple la Norma de olores”, responden.

Desde la compañía también sostienen que el recinto opera con sistemas tecnológicos destinados al control de olores, entre ellos biodigestores, cobertura de lagunas de almacenamiento, pabellones con ventilación forzada y sistemas de monitoreo ambiental.

“Operamos con tecnología de estándares internacionales que incluye biodigestores y el sistema de monitoreo Envirosuite, inversiones que nos permiten asegurar hoy un cumplimiento holgado de la Norma de olores vigente en Chile, tal como lo respaldan informes de organismos externos certificados que han sido entregados a la autoridad competente”, detallaron.

De acuerdo con la empresa, estas inversiones permiten cumplir con los estándares establecidos en la normativa chilena vigente sobre emisiones de olores en planteles porcinos.

“Como empresa local donde el 100% de nuestros colaboradores y sus familias viven en la zona, entendemos y compartimos la preocupación de la comunidad, por lo que nos tomamos con la máxima seriedad el bienestar del entorno y trabajamos bajo el dato objetivo de que nuestras instalaciones son solo una parte de una realidad multifactorial con múltiples emisores. Hoy nuestro plantel cumple con la Norma de Olores vigente en Chile que regula nuestra actividad”, apuntaron.

Procesos en curso

Los procedimientos administrativos iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentran actualmente en etapa de descargos.

Durante esta fase, las empresas involucradas pueden presentar antecedentes técnicos y jurídicos en su defensa.

Posteriormente, la autoridad ambiental deberá determinar si corresponde aplicar sanciones, las que pueden incluir multas económicas u otras medidas destinadas a corregir las condiciones de operación detectadas durante las fiscalizaciones.

Mientras tanto, el recurso de protección presentado por ambos municipios continúa su tramitación en la Corte de Apelaciones de Chillán.

Felipe Ahumada

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