El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que su gobierno estudia la posibilidad de otorgar indultos a policías y militares condenados por delitos cometidos durante las protestas sociales registradas en el país en 2019. La medida se evaluará caso a caso, según señaló el mandatario en una entrevista concedida a Canal 13.
Consultado sobre eventuales liberaciones de uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social, el jefe de Estado afirmó que su administración ya se encuentra analizando los antecedentes. “La facultad de indulto es una atribución que tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar”, señaló, agregando que se revisará cada situación en particular.
El mandatario ha sido crítico de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, proceso que ha calificado como un “estallido delictual”. Durante la campaña presidencial de 2025, además, manifestó su intención de indultar a carabineros condenados por delitos cometidos en ese periodo, argumentando que algunos de ellos habrían sido objeto de persecución.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron más de 35 mil delitos asociados a la crisis social. De ese total, cerca del 34% corresponde a hechos atribuidos a agentes del Estado.
Las protestas dejaron 30 personas fallecidas y cientos de heridos, entre ellos 464 casos de lesiones oculares, según distintos informes sobre el período.
Durante su campaña presidencial, Kast también planteó la posibilidad de analizar indultos para algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), régimen que dejó más de 3.200 víctimas entre ejecutados y detenidos desaparecidos.
No obstante, el mandatario ha evitado pronunciarse respecto de un proyecto de ley impulsado por sectores de derecha que propone permitir que personas mayores de 70 años o con enfermedades terminales cumplan sus condenas fuera de la cárcel, iniciativa que podría beneficiar a exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad.
