La reforma al sistema político, una de las iniciativas impulsadas por el gobierno para enfrentar la fragmentación del Congreso, quedó finalmente pendiente para la próxima legislatura.
El Senado deberá revisar y votar el proyecto una vez iniciado el nuevo período parlamentario, luego de que asuma el Presidente electo, José Antonio Kast, este miércoles 11 de marzo.
La iniciativa ya había avanzado en su tramitación tras ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 4 de marzo, luego de una extensa sesión que incluyó más de diez votaciones en Sala. Sin embargo, el proceso legislativo no concluyó allí: dos normas transitorias fueron rechazadas durante la votación en particular, lo que obligó a enviar nuevamente el proyecto al Senado para un tercer trámite.
El texto busca introducir cambios en las reglas que regulan el funcionamiento del sistema político. Entre sus ejes principales se encuentran mayores exigencias para la creación de partidos, nuevas barreras para las candidaturas independientes, sanciones económicas para parlamentarios que renuncien a sus colectividades y el reconocimiento legal de los acuerdos de comité dentro del Congreso.
En concreto, la propuesta eleva el número de respaldos necesarios para constituir partidos políticos. De aprobarse en su forma actual, las colectividades deberán reunir firmas equivalentes al 0,3% del padrón electoral en cada región donde busquen inscribirse, además de acreditar presencia en al menos ocho regiones del país.
En el caso de Ñuble, esto implicaría reunir 1.355 firmas para registrar un partido en la región. Las exigencias también se endurecen para quienes deseen competir como independientes: para postular al Congreso deberán reunir respaldos equivalentes al 0,5% del padrón del territorio correspondiente.
Así, un aspirante independiente a diputado o senador en Ñuble necesitaría reunir 2.259 firmas para poder inscribir su candidatura. En el ámbito municipal, un postulante independiente a la alcaldía de Chillán requeriría 808 firmas, también equivalentes al 0,5% del padrón electoral local.
Otro aspecto relevante del proyecto se relaciona con el financiamiento público de los partidos. La reforma establece que las colectividades que no cuenten con representación parlamentaria no podrán acceder a recursos fiscales, y que el financiamiento asociado a un legislador permanecerá en su partido de origen incluso si este decide renunciar.
El debate legislativo también estuvo marcado por la discusión sobre una disposición que permitiría a partidos en proceso de disolución fusionarse con otras colectividades para evitar su desaparición. La norma, ampliada durante la tramitación en la Cámara, generó fuerte resistencia en distintos sectores políticos y terminó siendo rechazada en la votación particular.
Desde entonces, varios dirigentes han reconocido que existen escasas probabilidades de que esa fórmula sea reinstalada en el Senado. Aunque algunas colectividades pequeñas mantienen la expectativa de reabrir el debate, en el Congreso se ha instalado la percepción de que no existiría suficiente respaldo político para reponer esa alternativa.
“No es tiempo para ‘trajes a la medida’”
El senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), manifestó que en la Cámara Alta existe un clima favorable para ratificar los elementos centrales del proyecto aprobados por los diputados, especialmente aquellos relacionados con el aumento de exigencias para la constitución de partidos y el control del financiamiento público.
En su opinión, la propuesta que permitía fusionar colectividades en proceso de disolución no debiera prosperar.
“Se ha ido instalando la idea de que es una mala política. Las reglas están para cumplirse y recurrir a una especie de artilugio o traje a la medida es una decisión que no compartimos”, sostuvo.
El parlamentario agregó que la discusión sobre el sistema político no debiera agotarse en esta reforma. A su juicio, el debate futuro debería incluir temas estructurales como el sistema electoral y el número de parlamentarios, materias que -dijo- influyen directamente en el actual nivel de fragmentación política.
Pese al avance del proyecto, el Senado no alcanzó a incorporarlo en la tabla antes del cierre del período legislativo.
La última sesión estuvo marcada por otras discusiones de alta carga política y terminó levantándose sin que la iniciativa fuera abordada.
Desde la Secretaría General de la Presidencia se evaluó la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para intentar despachar la reforma antes del cambio de mando. No obstante, aquello no se concretó.
De esta forma, la decisión final sobre uno de los proyectos más relevantes del gobierno saliente quedará en manos del nuevo Congreso, que deberá retomarlo en las primeras semanas de la próxima legislatura.
