Chile enfrenta una restricción estructural para reactivar la inversión: bajo dinamismo y elevada incertidumbre regulatoria. Según datos del Banco Central entregados en enero de 2026, en los últimos cuatro años el Producto Interno Bruto (PIB) promedió 1,8%, la desocupación se mantuvo sobre 8% por más de 30 meses y la productividad permaneció estancada. Al mismo tiempo, la evidencia macroeconómica muestra por qué la inversión es decisiva ya que, la misma institución reportó que en el tercer trimestre de 2025 tanto la demanda interna como la inversión crecieron, impulsando el crecimiento del PIB en un 1,6%.
La pregunta entonces, no es si se requiere invertir, sino cómo reducir el “costo del tiempo” que hoy enfrentan proyectos y empresas. El Index of Bureaucracy 2025 (Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University) estima que poner en marcha una empresa mediana en Chile requiere, en promedio, 5.227 horas, que es el equivalente a unas 653 jornadas laborales, donde Brasil solo necesita 35. Respecto al tiempo para mantener la empresa funcionando dentro del marco legal, la situación tampoco mejora. Mientras Panamá registra alrededor de 246 horas anuales, Chile alcanza 5.800 horas, destinándose más de 66% del tiempo a inspecciones, auditorías, certificaciones, autorizaciones, renovaciones de licencias municipales y permisos sanitarios y ambientales. En un contexto de economía de inversión, estas demoras elevan el riesgo regulatorio, incentivan la postergación (opción de esperar) y erosionan la productividad.
En respuesta el país cuenta con una base institucional reciente: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N°21.770) crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales y una coordinación para hacer los permisos más trazables y previsibles. El Ministerio de Economía informó que, desde el 1 de enero de 2026, opera la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión y que la ley busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación y hasta 50% en proyectos estratégicos.
Sobre esa base, se han planteado propuestas adicionales del gobierno que asumirá durante este mes. Se atribuye al ministro de Hacienda designado, Jorge Quiroz, un plan que incluye destrabar US$ 12.000 millones en inversiones en 45 días, revisar 1.500 circulares, y reducir la tasa corporativa de 27% a 23%, entre otras medidas. En paralelo, la Confederación de la Producción y del Comercio propone avanzar en competitividad tributaria (tasa corporativa al menos 23% e invariabilidad) y aplicar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales con eliminación de permisos de bajo riesgo o su reemplazo por Técnicas Habilitantes Alternativas (avisos o declaraciones juradas), además de reforzar la predictibilidad regulatoria.
Si se desatan los nudos, el resultado económico esperable es concreto: plazos más cortos y verificables, menor discrecionalidad, mayor inversión y creación de empleo formal. La condición crítica no es el diagnóstico que ya está medido, sino la implementación con métricas públicas, coordinación inter-servicios y control ex-post efectivo.
