El pasado 4 de marzo, en estas mismas páginas, advertíamos sobre el riesgo de que una controversia política coyuntural terminara opacando lo verdaderamente relevante: la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el Presidente electo, José Antonio Kast. En ese momento, el debate público parecía girar en torno a detalles secundarios —si una llamada duró más o menos minutos, si el tono fue cordial o tenso— mientras el país enfrentaba decisiones estratégicas que requerían precisamente lo contrario: coordinación institucional y responsabilidad republicana.
Los acontecimientos de las últimas horas confirman que ese llamado al diálogo no solo era necesario, sino también oportuno. A pocos días del cambio de mando, ambos mandatarios retomaron las conversaciones en el Palacio de La Moneda, dando por superadas las diferencias que habían tensado la transición y comprometiéndose a que el traspaso de poder se realice de manera ejemplar.
La señal es relevante y merece ser destacada. En democracia, las diferencias políticas son legítimas e incluso necesarias. Más aún cuando se trata de liderazgos que representan visiones ideológicas distintas del país. Sin embargo, la política republicana exige comprender que existen ámbitos en los cuales el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier disputa partidaria.
El episodio que originó la controversia, vinculado al proyecto de cable submarino con China y sus implicancias geopolíticas, evidenció precisamente la importancia de esa mirada de Estado. Chile se desenvuelve en un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por la competencia entre grandes potencias y por decisiones tecnológicas y estratégicas que trascienden a los gobiernos de turno. En ese contexto, la continuidad institucional y la coordinación entre autoridades salientes y entrantes no son un gesto de cortesía política, sino una condición básica de gobernabilidad.
Por lo mismo, el hecho de que ambas autoridades hayan decidido retomar el diálogo y encauzar la transición es una señal positiva hacia el país y hacia la comunidad internacional. Chile ha construido durante décadas una reputación basada en la estabilidad de sus instituciones, la seriedad de su diplomacia y la previsibilidad de sus políticas públicas. Esa trayectoria es un activo que debe ser resguardado, especialmente en momentos de cambio político.
No se trata de desconocer las diferencias ni de exigir unanimidad en las visiones de futuro. La democracia vive precisamente de ese debate. Pero sí de recordar que, cuando se trata de asuntos de Estado, la responsabilidad institucional debe imponerse sobre la lógica de la confrontación.
El episodio vivido en los últimos días deja una lección clara: en tiempos de polarización y tensiones políticas, la madurez democrática se mide por la capacidad de dialogar incluso con quien piensa distinto.
Chile necesita de ese espíritu republicano. Porque, al final del día, los gobiernos pasan, pero el país permanece. Y es precisamente ese país, su estabilidad, su credibilidad y su futuro, el que debe estar siempre por delante de cualquier diferencia política.
