Un complejo escenario político y administrativo enfrenta la consejera regional por Punilla de la UDI, Lorena Jardua, luego de ser notificada por el Ministerio del Interior de su destitución como funcionaria del Departamento Social de la Delegación Presidencial de Punilla.
La medida, adoptada tras una investigación sumaria por un presunto uso irregular de licencia médica, no solo suspende su carrera funcionaria, sino que la deja a un paso de perder también su escaño en el Consejo Regional de Ñuble.
El sumario -instruido el año pasado en la Delegación Presidencial de Ñuble- concluyó con la sanción máxima: destitución. La decisión fue reafirmada por la Subsecretaría del Interior y formalizada esta semana.
“Persecución política”
En enero, tras conocer el resultado del proceso, Jardua acusó motivaciones políticas.
“Siento que estoy siendo objeto de una persecución política. Soy una persona de las que ha puesto en conocimiento de la justicia las irregularidades que se han cometido. Entonces creo que esto es una forma también de vengarse a última hora”, afirmó, vinculando la investigación a su condición de autoridad opositora.
La consejera recalcó su trayectoria funcionaria.
“Yo tengo 27 años de servicio público. Tengo las mejores calificaciones. No he tenido nunca una acción de demérito. Este es mi primer sumario”, sostuvo, defendiendo su historial administrativo.
Respecto del viaje a Bariloche que originó la indagatoria, explicó que respondió a razones médicas, en el contexto de un tratamiento contra el cáncer. “Fui a Bariloche para buscar una segunda versión médica de tratamiento (…) Yo presenté todos esos antecedentes, incluso, el certificado de visita que yo pedí y resulta que eso lo desestimaron y dijeron que era mi coartada. Como que yo estaba mintiendo con mi enfermedad y mi angustia de buscar otra alternativa”, relató.
Añadió que “cuando se trata de situaciones tan delicadas como una licencia médica, y más aún vinculadas a un tratamiento contra el cáncer, lo mínimo que corresponde es actuar no solo con humanidad sino también con responsabilidad y apego estricto a los hechos”.
Inhabilidad sobreviniente
Desde el punto de vista jurídico, la sanción activa el concepto de inhabilidad sobreviniente. Ésta ocurre cuando una autoridad, tras haber sido elegida popularmente, pierde uno de los requisitos esenciales para ejercer el cargo o incurre en una prohibición nueva establecida por la ley. En este caso, la destitución de sus funciones en la Delegación de Punilla actúa como un “hecho contaminante”: al ser sancionada por una falta grave a la probidad, pierde la idoneidad moral y legal que la Constitución y la Ley 19.175 exigen para ser autoridad.
Aunque la destitución administrativa constituye la base del proceso, el cese no es automático. Por respeto al debido proceso y a la naturaleza de la elección popular, corresponde al Tribunal Electoral Regional (TER) declarar oficialmente la vacancia. Mientras ello no ocurra, la autoridad permanece en un “limbo jurídico”, a la espera de la sentencia que definirá su continuidad o salida del CORE.
